La remoción de Guadalupe Llori, como Presidenta de la Asamblea, está en sus manos

La Ley de la Función Legislativa es clara: la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tiene cinco días para incluir en el orden del día el debate que podría derivar en la destitución de su cargo como Presidenta.

Este 25 de mayo de 2022, la comisión pluripartidista ad hoc, integrada para dar trámite a la denuncia de Llori, aprobó por unanimidad el informe que concluye que la Presidenta incumplió sus funciones y por lo tanto recomienda la remoción de su cargo como titular del Legislativo.

Los supuestos incumplimientos de Llori fueron: no dar paso a la apelación a la Presidencia solicitada por el asambleísta Esteban Torres (PSC) en la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero de 2022 y no reinstalar la misma sesión en la que estaba apelada su Presidencia en menos de 30 días, como indica la Ley de la Función Legislativa.

Sin embargo, la decisión de su permanencia en el cargo depende del Pleno, el informe no es vinculante, por lo que se necesita que la mayoría calificada decida la remoción o permanencia, es decir, 70 votos.

Torres, quien presentó la denuncia contra Llori, está confiado en que incluso sobrepasarían esta cantidad de votos. "Podrían ser hasta 85", asegura. Lo que sí le preocupa es que el tema no sea debatido en los próximos cinco días, como indica la normativa, pues eso depende de Llori.

El presidente de la comisión ad hoc, Pedro Zapata, dice que además de enviar el informe a la presidenta de la Asamblea, como establece el procedimiento, la harán a todos los legisladores para que tengan conocimiento de lo que incluye el documento de casi 80 hojas.

Si se llega a concretar la sesión para este debate, ya en el Pleno, Llori tendrá un espacio para defenderse y replicar, así como Torres -quien presentó la denuncia- para intervenir. La actual Presidenta no podría dirigir esta sesión, debería hacerlo el primer vicepresidente Virgilio Saquicela.

Zapata dice que él podría ser quien mocione la remoción de Llori de la Presidencia, así como cualquier otro Asambleísta. Defiende el proceso que se ha realizado al interior de la comisión y enfatiza que se han cumplido con todas las garantías.

Sin embargo, el abogado de la Presidenta de la Asamblea, Francis Abad, no opina lo mismo. Cuestionó que en la sesión del pasado viernes 20 de mayo de 2022, cuando estaba programado que las partes presenten su defensa, se haya desarrollado sin su presencia y por lo tanto pidió la nulidad de la audiencia porque no pudo defender a su clienta.

Los miembros de la comisión, en cambio, dicen que Abad no quiso estar en la sesión, pues su ingreso al Palacio Legislativo dependía de la misma presidenta Llori, quien dispuso que los trabajadores realicen teletrabajo, para las adecuaciones del evento por el Informe a la Nación, programado para cuatro días después.

Guadalupe Llori ha intentado detener el proceso de su evaluación de múltiples formas. Incluso acudiendo a la justicia a través de acciones constitucionales y penales.

Por esa razón, el asambleísta Torres es escéptico en que se cumpla el procedimiento. A su criterio, Llori podría interponer nuevamente alguna acción de protección.

La abogada constitucionalista, Pamela Aguirre Castro, dice que jurídicamente esa no sería una opción. Para concretar una medida constitucional, la Presidenta del Legislativo debería demostrar una vulneración a alguno de sus derechos en el proceso, que a su criterio se ha desarrollado de acuerdo a la Ley.

En ese caso, la queja de Guadalupe Llori debe contener un argumento diferente al que ya presentó en una acción de protección anterior.

De hecho, este último proceso todavía no se ha cerrado por completo.

El pasado 14 de abril de 2022, Guadalupe Llori presentó una acción de protección contra cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa: Virgilio Saquicela (independiente), Darwin Pereira (PK-R), Yeseña Guamaní (ID), Johanna Moreira (ID-R) y Ronny Aleaga (UNES); ellos votaron a favor de cambiar el orden del día para tramitar la denuncia de Torres.

La jueza Raquel Herrera desechó ese recurso legal el pasado 10 de mayo, pero está en un proceso de segunda instancia a cargo de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Mariscal, en Quito.

Libia Rivas, abogada experta en temas legislativos, dice que en estos días podría conocerse la resolución de esa unidad judicial y de adelantarse al pronunciamiento del Pleno y favorecer a Llori, incluso podría quedar insubsistente el trámite que realizó la comisión ad hoc.

Si se da después de que el Pleno ya haya tramitado la salida de Llori, dependería de la Asamblea la interpretación que realicen al fallo de segunda instancia.

También está pendiente la denuncia presentada ante la Fiscalía, contra los 93 Asambleístas que votaron a favor de la conformación de la comisión que evaluó los supuestos incumplimientos de la Presidenta. Los legisladores están siendo investigados por del presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, porque, según Llori, había medidas cautelares vigentes a su favor cuando se dio esa votación.

Los Asambleístas tienen la opción de autoconvocarse y de pedir un cambio en el orden del día para solicitar esta evaluación.

En el primer escenario, necesitan las firmas de 92 legisladores. En dos ocasiones anteriores, ya se intentó ir por este camino, para no depender de la convocatoria al Pleno que realiza la Presidenta y no alcanzaron las rúbricas necesarias.

El pedir el cambio del orden del día, en cambio, depende de que Guadalupe Llori permita el ingreso de esas solicitudes.