La fiscal Diana Salazar enfrenta la arremetida del Cpccs y de la Judicatura, ¿cuáles son las razones?

Diana Salazar Méndez vive el momento más complicado desde que asumió la Fiscalía General del Estado, el 8 de abril de 2019. Tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) como el Consejo de la Judicatura han cuestionado su desempeño; el caso en cuestión tiene que ver con las denuncias de supuesto plagio del 40% a su tesis de pregrado. Pero -para la funcionaria- estos son "nuevos intentos de manchar casos sentenciados y conseguir impunidad".

Los integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) presentaron tres denuncias en su contra. Una en el Consejo de la Judicatura y otras dos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la Universidad Central en donde se conformó una comisión de auditoría académica para revisar la tesis.

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En esta agrupación participa Priscila Schetteni, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, destituido y condenado a prisión por agresión sexual.

Los comisionados académicos entregarán un informe al pleno del Consejo Universitario, que deberá pronunciarse con base en las recomendaciones del reporte. El Consejo lo integran el rector, el vicerrector, los directores de carrera y los decanos de las facultades. También cuenta con representación estudiantil y de los trabajadores.

Se espera que la investigación se demore un mes. La comisión de auditoría analizará que Salazar se graduó con la tesis en 2005. Desde el colectivo se solicitó que se abra un expediente para revocar el título de Salazar y se presentaron 170 fojas de respaldo.

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En el colectivo Acción Jurídica Popular están a la expectativa del informe de la comisión. Esperan que tras conocer el reporte, la comisión solicite revisión o recalificación. Si no alcanza el puntaje se revoca, y en caso de comprobarse el plagio es falta disciplinaria y la Universidad solicita la revocatoria del título al Senescyt.

Otras voces apuntan a que las denuncias responden a un complot para sacarla de la Fiscalía General, tal como lo señaló el presidente Guillermo Lasso luego que decretara la muerte cruzada, el 17 de mayo. “La decisión de disolver la Asamblea Nacional fue precisamente para detener un plan en el que primero venían por mí, luego por la fiscal (Diana Salazar), luego por el contralor (Carlos Riofrío), por el procurador (Carlos Larrea) y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional ha perdido efectividad este macabro plan”, dijo el Primer Mandatario en la cadena internacional CNN.

También ocurre mientras se mantienen varios casos abiertos en los que se investiga a exfuncionarios del correísmo. Lo mismo pasa con el caso de Freddy Carrión.

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En tanto, varios abogados constitucionalistas han dado sus criterios respecto al caso. Uno es Marlon Martínez:

André Benavides opinó:

La polémica arranca el 19 de mayo de este año cuando la Fiscalía abrió una indagación previa en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). También advirtió que, desde el Cpccs, se intentó impedir la permanencia de Salazar en el cargo.

En un comunicado, la entidad señaló que se trata de desacreditar el trabajo desarrollado por la fiscal, "durante la cual se han obtenido grandes resultados contra la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, Carrión o Las Torres -por mencionar algunos- queden en la impunidad".

Alembert Vera, presidente del Cppcs, denunció que se ha iniciado un proceso de persecución a la función de Participación Ciudadana, la única que a través del Estado representa al pueblo.

Para el viernes 2 de junio, a las 10:00, está prevista la comparecencia de Salazar en audiencia pública, convocada por el Pleno del Cpccs. En el encuentro, la funcionaria tendrá que responder a las preguntas que le planteen desde la Acción Jurídica Popular.

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El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, convocó a sesión del Pleno, a las 19:40 de ayer. El objetivo era tratar el informe de la Subcomisión de Control Disciplinario de la misma entidad, que envió un memorando que concluye:

"Se recomienda al pleno del Consejo de la Judicatura emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial Lady Diana Salazar Méndez".

Sin embargo, no hubo quórum. Solo estuvieron Terán y el vocal Fausto Murillo, quien anticipó estar en desacuerdo. Los tres vocales investigados por la Fiscalía: Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz no se presentaron.

El informe recomendaba la suspensión durante tres meses, sin sueldo, y que se le abra un sumario administrativo que pueda concluir en su destitución.

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