La Corte Constitucional no se apresura a tramitar los decretos-leyes de Lasso a pesar de ser urgentes

Han pasado dos semanas desde que el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto-ley sobre la reforma tributaria y la Corte Constitucional (CC) aún no lo tramita. En cola también está otra normativa promulgada por el jefe de Estado para el fomento de inversiones y la promoción zonas francas.

Ambas leyes tienen el carácter de urgente. De hecho, todas las leyes-decretos que expida Lasso durante este periodo excepcional en donde no hay Asamblea Nacional tendrán esta misma característica y todas deben estar relacionadas a temas económicos.

No obstante, desde distintas instancias se analiza cuánto tiempo debería tomarse la CC para pronunciarse sobre los proyectos. Y es que mientras no exista el aval de la Corte, las leyes no entran en vigencia.

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Actualmente no hay ley que establezca tiempos para que la CC pueda tramitar las normativas expedidas por Lasso en esta etapa. Los plazos se los ha determinado la misma Corte: el martes 6 de junio se analizará la reforma tributaria y el jueves 8 de junio, el decreto sobre inversiones.

Sin embargo, la dilación de la CC es examinada desde distintas instancias.

El analista económico Alberto Acosta Burneo indica que al organismo no le compete considerar si el decreto "es o no oportuno". Para él, solo debe existir un pronunciamiento: si el decreto-ley es o no constitucional.

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Un criterio distinto plantea el abogado Esteban Ron. Desde su lectura jurídica, la CC está cuidando "la legitimidad democrática" y considera que está actuando como un "contrapeso" al Ejecutivo

Para Acosta, la Corte no debe actuar como contrapeso porque la ley determina que es la próxima Asamblea la que deberá revisar el fondo de los decretos-leyes que se emitan durante esta Administración extraordinaria, que culmina en noviembre.

Hace cinco días, en entrevista en Contacto Directo, el exvocal del Tribunal Constitucional (Hoy Corte Constitucional), Jorge Alvear, consideró que la CC debería manifestarse en relación "a la forma y no al fondo" de las próximas normativas, salvo exista una afectación a los derechos humanos.