La Contraloría encontró irregularidades en la contratación de personal en la Asamblea Nacional

La Contraloría General encontró irregularidades en todas las contrataciones de personal que revisó de la Asamblea Nacional. Entre enero de 2021 y agosto de 2022, en las administraciones de Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela, el legislativo contrató a 2.498 servidores de todas las áreas.

Para hacer su auditoría la Contraloría analizó 196 expedientes de esas contrataciones, en todas encontró novedades.

La más común, que los funcionarios fueron contratados sin que se detallen las actividades a desarrollar, ni se certifique la instrucción formal de acuerdo al puesto a ocupar.

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Para la Contraloría es un problema porque de esta forma se impide que se conozcan los requisitos específicos del puesto a ocupar y si el postulante los cumple y puede ser posesionado.

Ejemplos hay muchos, como el de una servidora que certificó experiencia en una constructora de edificios residenciales y en una lavadora de autos y que fue contratada como especialista de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea.

O el de otra profesional que trabajó en una empresa de cartografía por drones y que fue contratada en la Asamblea como asesora de la Coordinación General de Talento Humano con un sueldo 2.450.

Pero esa es la tónica en el legislativo, la Contraloría encontró que también se posesionó a los funcionarios sin haber presentado sus declaraciones juramentadas de bienes, que es un requisito legal para asumir funciones públicas.

O que se los contrató sin que se cumpla con un informe de necesidad que es otro de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa interna de la Asamblea. En muchos casos esos informes están incompletos y en otros, ni siquiera existen.