Juicio político: ¿Qué es y cuándo se aplica?

La noche del miércoles 29 de marzo, la Corte Constitucional (CC), con seis votos a favor de los jueces, resolvió dar el dictamen de admisibilidad para el procedimiento de juicio político que podría provocar la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Esta resolución se acoge al segundo proyecto de dictamen preparado por los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada debido a que el informe de la jueza Teresa Nuques no tuvo el respaldo necesario.

Las bases de la admisibilidad para la acusación de juicio político se dan por el presunto delito de peculado, así lo informó la CC mediante un comunicado en el que manifiesta enmarcarse en los presupuestos establecidos en la ley, descartando las dos acusaciones relacionadas con el delito de concusión que según los magistrados no cumplen las exigencias.

Ahora el trámite regresa a la Asamblea Nacional para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en tres días, dé a conocer la resolución que luego será enviada a la Comisión de Fiscalización, que tiene alrededor de 45 días para analizar las pruebas que sustentan el pedido y también escuchar a la defensa.

El juicio político es un proceso que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones. En la Constitución se establece que la acusación y el trámite son facultades exclusivas de la Función Legislativa, en este caso la Asamblea Nacional.

Este procedimiento a funcionarios públicos se encuentra tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que establece en su artículo 78, que el Parlamento podrá proceder en casos de incumplimiento de las funciones enmarcadas en la Constitución y la ley, y que será aplicada a funcionarios que constan en el artículo 131 de la Constitución. Este procedimiento se podrá llevar a cabo durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de concluir sus funciones y aplica para ministros de Estado y las máximas autoridades de entidades de control, Fiscalía General del Estado y demás autoridades de la función pública que determine la Constitución.

Sin embargo, en el caso de un juicio político al presidente o vicepresidente de la República, es el artículo 129 de la Constitución que da a la Legislatura las facultades para proceder al enjuiciamiento basado en casos como delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. También se incluyen delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones política o de conciencia.

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Con la actual conformación de la Asamblea, la ley establece que para censurar y destituir al presidente de la República mediante juicio político se necesitan 92 votos, y esto tendrá como efecto la destitución del cargo, pero adicionalmente no podrá ejercer ningún otro cargo en el sector público por un plazo de dos años.

Si se consiguen los votos favorables de las dos terceras partes de los asambleístas, el presidente destituido será reemplazado por el vicepresidente de la República. En este caso, Alfredo Borrero podría sustituir a Lasso.

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó al CAL para este viernes 31 de enero. Los siete integrantes del comité conocerán el documento y examinarán si continúa o no el trámite. La sesión está prevista para las 09:00.