La presidencia de la Asamblea, otra carta en juego en el juicio político de Lasso

El actual titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y la asambleísta de Pachakutik (PK), Sofía Sánchez, serían, hasta la mañana de este jueves 11 de mayo, los únicos aspirantes que han demostrado oficialmente sus intenciones para presidir el Parlamento en un nuevo periodo, que inicia este domingo con la designación de nuevas autoridades.

UNES y el desmembrado Partido Social Cristiano (PSC) han expresado que apoyarán la candidatura de Saquicela. En cambio, Sánchez, que pertenece al ala 'orgánica' de PK, dice que mantiene conversaciones con los integrantes de distintas bancadas para buscar el respaldo necesario. Cualquiera de los dos requiere al menos 70 votos de sus colegas.

Detrás de la elección de las próximas autoridades está el proceso de juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien es acusado de haber permitido que se cometa peculado (malversación de fondos) en empresas públicas, cargos que el mandatario niega.

Los 47 legisladores correístas admitieron el martes que su "prioridad" como bancada es el juicio político del jefe de Estado y que por ello era importante "conservar la mayoría" con la que han estado trabajando en los últimos meses. Ellos intentan destituir al mandatario. El PSC pretende lo mismo.

Desde otro grupo de legisladores, en el que se incluye a Sánchez, se reconoce que el país atraviesa una crisis profunda, pero la causa por la que se quiere destituir a Lasso no ha sido comprobada, por ello la eventual salida del presidente "no es coherente", señaló la legisladora este jueves 11 de mayo en entrevista en Contacto Directo.

El martes, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo aprobó entrar en la última fase del proceso de juicio político, donde habrá una interpelación a Lasso, que será convocado para defenderse ante la Asamblea y, posteriormente, se votará su permanencia en el cargo. Para destituirlo se necesitan 92 votos.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo este miércoles que el jefe de Estado irá al Parlamento a defenderse y ratificará allí "que no ha cometido ilícito alguno".

Tras la resolución del martes, la Asamblea debe convocar a una sesión del pleno en el plazo de cinco días para la celebración en esa instancia del juicio político, lo que coincide con la elección de la nueva mesa directiva, que dirigirá el hemiciclo por los dos próximos años.

En caso de que la oposición lograse los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia de la República el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.

Lasso ya logró salvar una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena la Asamblea votó una moción para destituirlo por grave conmoción local, que reunió 80 votos.

Ahora el mandatario ha sido incluso quien ha deslizado la posibilidad de, llegado ese escenario límite, recurrir a la denominada muerte cruzada, una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas para gobernar hasta entonces mediante decretos.

Esa posibilidad podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por políticas de Lasso.