31 mar 2023 , 06:58

Juicio político contra Lasso: Cucalón destaca rol de los asambleístas de CREO para proteger al jefe de Estado

El ministro de Gobierno señala que se contempla la muerte cruzada, pero que ahora Lasso no escogerá esa vía para defenderse.

   

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, destacó este viernes 31 de marzo el rol de los asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), quienes "con argumentos" buscan defender al jefe de Estado, Guillermo Lasso, en el proceso de juicio político con el que se intenta destituirlo.

En entrevista en Contacto Directo, el funcionario reconoció que existen conversaciones en el Parlamento:

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El bloque legislativo de CREO y la bancada del BAN también tienen un rol importante al respecto. Nosotros vamos a hacer conocer la posición, las tesis, la defensa, la verdad, a todos los grupos políticos y fundamentalmente a los ciudadanos.

Y es que, en el posible escenario que el juicio político pase al pleno del Legislativo, se necesitarían 92 votos para destituir al mandatario. Un número que sí se puede alcanzar ya que Lasso no cuenta con respaldo en la Asamblea Nacional.

De hecho, el pasado 4 de marzo, cuando se aprobó el informe que elaboró la comisión ocasional que investigó la supuesta trama de corrupción en empresas públicas señalada en el caso "Encuentro" o "El Gran Padrino", 104 legisladores votaron a favor de iniciar el juicio político.

Muerte cruzada, una carta sobre la mesa, pero que ahora no usará

Cucalón indicó este viernes que Lasso sí contempla la muerte cruzada, pero que ahora no es la vía que tomará para defenderse.

El ministro aseveró que la Constitución (artículo 148) le permite al mandatario aplicar este mecanismo para disolver la Asamblea Nacional hasta el tercer año de su mandato, y su empleo dependerá de los principios de "oportunidad" y "conveniencia" que considere el presidente de la República.

Por otra parte, Cucalón reiteró que el presidente acudirá a defenderse a la Asamblea Nacional, que el Ejecutivo respeta el fallo de la Corte Constitucional y que el gobernante "no ha cometido peculado alguno".

Un juicio que "huele muy mal"

En un mensaje a la nación donde apareció junto a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y delante de un nutrido grupo de ciudadanos con la bandera de Ecuador de fondo, Lasso se declaró este jueves "inocente" y aseguró que este juicio político "huele muy mal".

El mandatario acusó a la oposición de inventarse pruebas para "tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia".

Consideró que la Corte Constitucional (CC) dejó fuera de la acusación el delito de concusión por falta de pruebas y argumentó que el de peculado se basa en unos contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) firmados en 2018 y 2020, antes de que llegase a la Presidencia en 2021.

El presidente denunció que se ha formulado una acusación con "pruebas obtenidas de manera fraudulenta, vulneraciones al debido proceso, uso de artículos equivocados y obtención de pruebas ilícitas".

Para Lasso este es "un juicio creado con 'memes' falsos", que "no tiene ni pies ni cabeza, porque las mentiras inventadas no se pueden sostener", y que resulta "un intento desesperado, atemporal y violento de robar" la estabilidad del país.

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Me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar.

El recorrido hacia el juicio político

Después de que la CC diese el miércoles luz verde a la realización del juicio político por el delito de peculado y dejar fuera el de concusión, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, recibió la notificación del fallo y puso en marcha el cronograma.

Ahora, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), controlada por la oposición, que encabeza el correísmo, tiene tres días para conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización, que notificará al presidente y a los interpelantes para que, en diez días, presenten las pruebas.

La Comisión tendrá otros diez días para procesar las pruebas. Concluido ese plazo, la Comisión elabora un informe motivado en diez días adicionales, en el que recomienda continuar, o no, con el juicio.

Tras ello, el presidente del Parlamento, en el plazo máximo de tres días dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, el presidente tendrá cinco días para convocar la sesión en la que se celebrará el juicio político.

Para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara, compuesta por 137 asambleístas.

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