Juicio político a Lasso: minuto a minuto del último día de la fase de pruebas en la Comisión de Fiscalización

La etapa de pruebas en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso llega a su último día, este 26 de abril de 2023. Está previsto que comparezcan los cuatro asambleístas solicitantes y la defensa del Primer Mandatario.

La cita estaba prevista a las 09:00, pero se retrasó aproximadamente 15 minutos. Ambas partes tienen dos horas para su intervención.

Al iniciar la sesión, el asambleísta Roberto Cuero (Unes), pide que se lea una carta que remitió Johnny Estupiñán, exgerente de la empresa pública Flopec, testigo clave en el juicio político.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada, Ana Belén Cordero, dijo que se leerá al culminar las comparecencias. A lo que Cuero reclamó que se lea antes por interés de ambas partes, lo que fue desestimado.

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Los proponentes: Viviana Veloz (Unez), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapato (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID), resolvieron encargarle a Veloz la representación para la exposición del alegato, práctica y actuación de pruebas.

La solicitante correísta defendió el proceso de fiscalización que han realizado. A pesar de que la razón del enjuiciamiento es una presunta responsabilidad en peculado en un contrato de Flopec, se refirió a otros asuntos, por ejemplo, dijo que el Presidente ha sido "irresponsable con los fondos públicos".

Ya en materia, Veloz defendió que en el marco del juicio político no es necesario demostrar el haber cometido el delito penal.

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En la primera parte de su intervención, también dijo que la Corte Constitucional ni ningún miembro de la Función Judicial pueden intervenir en el proceso de control político.

"El presidente Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec", dijo la legisladora en la segunda parte de su intervención.

Para Veloz hubo una amplia discrecionalidad en Flopec. Citó la comparecencia del exsecretario de Corrupción, Luis Verdesoto, quien señalaba que las pruebas de la posible corrupción se entregaron al Presidente.

Para la asambleísta hubo dos actos normativos, firmados por el Presidente, que le responsabilizarían de peculado: la designación de Hernán Luque Lecaro, cercano a Lasso, como presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), a pesar de no tener título ni experiencia. Y el poder que se concentró en esa empresa para "controlar 14 mil millones de dólares".

Veloz cuestionó la designación de Oswaldo Rosero, exgerente comercial de Flopec, y le llamo el "alfil" para la supuesta corrupción en esa empresa. También reiteró que Estupiñán fue desvinculado por dar por terminado de manera unilateral el contrato con la empresa Amazonas Tanker.

El terce elemento es el informe de la Contraloría sobre el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec. Veloz cuestionó que en un primer borrador sí se apuntaba a indicios de responsabilidad penal que luego fueron desestimados, se preguntó si esa institución defiende al Estado o al Presidente.

Finalmente, concluyó su intervención hablando de otros escándalos que han salpicado al Gobierno, a pesar de que la Corte Constitucional especificó que como parte del juicio únicamente se incluyan los argumentos en el caso de supuesto peculado.

La legisladora Cordero, como presidenta encargada, dio paso a preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización, lo que fue cuestionado por los asambleístas Veloz y Cuero, indicando que no es parte del procedimiento.

Intervino el asambleísta Fernando Villavicencio, respondiendo a Viviana Veloz por insinuar que se reunió con Luque, él desmintió.

Édgar Neira comenzó la defensa del presidente Guillermo Lasso refiriéndose al dictamen de la Corte Constitucional en el que se establece que se debe excluir los hechos o pruebas sobre otros casos, que no son parte de la causal de peculado.

El argumento de los asambleístas solicitantes se basa en que Guillermo Lasso tenía conocimiento de lo que ocurría en Flopec. La defensa aclaró que el Presidente no recibió dos de los documentos que son parte del proceso: un oficio dirigido a la asambleísta Mireya Pazmiño, como presidenta de la Comisión de Régimen Económico; y una carta dirigida al Primer Mandatario.

Neira contó que esas comunicaciones siguieron el trámite regular de la Presidencia, es decir, se remiten a quien corresponda.

Sobre Pazmiño, se cuestionó que sea parte de los acusadores y que alegue que existe peculado, cuando firmó oficios "defendiendo el contrato" con Amazonas Tanker. Además, reitera que ella conocía la existencia del informe de Contraloría y que no tomó acciones al respecto.

También desmintió que durante el gobierno de Lasso se haya firmado ningún contrato con la empresa de servicio de buques. Aclaró que Flopec no podía terminar unilateralmente el contrato, pero que si se terminaba antes podría implicar el pago de indemnizaciones y perder el servicio para garantizar el transporte del petróleo.

"Las consecuencias económicas hubieran sido muy graves", detalló Neira, pero aclaró que esas no son competencias del Presidente de la República.

En la Comisión de Fiscalización se lee la carta de Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, quien no asistió a las comparecencias. La presidenta encargada dice que no reagendó y ya no es posible incluir una nueva comparecencia.

Ana Belén Cordero clausura la sesión y da por terminadas las comparecencias, en medio de reclamos de los asambleístas proponentes del juicio, quienes pedían que se permita la comparecencia de Estupiñán.