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Un juez ordena retomar los juicios políticos a tres exfuncionarios de Lasso; la Asamblea no lo acatará
Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo fueron señalados de incumplimiento de funciones. No obstante, se retiraron firmas en el proceso y las causas fueron archivadas. La decisión del juez revoca aquello.
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Pablo Arosemena fue ministro de Finanzas de Guillermo Lasso. ( )
El juez Édgar Javier Romero aceptó este 22 de agosto una acción de protección planteada por la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, en contra de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con esto, dispuso que los procesos de juicio político en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso, que fueron archivados, se retomen.
No obstante, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, calificó este fallo como "una metida de mano a la justicia". Explicó que va en contra de una sentencia de la Corte Constitucional y en consecuencia no la acatarán.
Agregó que el Parlamento tomará las acciones administrativas en contra del juez por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura. También una denuncia penal por prevaricato. No es todo, Muñoz dijo que "se revisarán las actuaciones" de Inés Alarcón.
La acción de Inés Alarcón
Alarcón interpuso esta acción porque no estaba a favor de que se hayan retirado las firmas en los procesos de juicio político a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; y Andrea Montalvo, extitular de Senescyt.
El oficialismo impulsaba estos procesos de fiscalización, pero con el retiro de firmas estos no pudieron ser tramitados y se archivaron. ¿Por qué se retiraron las firmas? Porque algunas bancadas consideraron que las solicitudes de juicio político fueron presentadas para que se tramiten antes que los de Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia, para de alguna forma blindarlas.
La Asamblea ya había criticado a Inés Alarcón, señalando que en un inicio presentó una acción de protección en Iñaquito, pero luego la retiró para volver a ingresarla en Quitumbe. El Parlamento calificó a ese movimiento como una "manipulación de la justicia".
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