El juez Jhoel Escudero analizará la propuesta de Noboa para sacar a los presos del grupo de atención prioritaria

El juez constitucional Jhoel Escudero revisará la propuesta de reforma que plantea el presidente de la República, Daniel Noboa, con respecto a sacar a los presos de la categoría de grupo de atención prioritaria. El magistrado deberá determinar si la vía planteada por el jefe de Estado para modificar la normativa es constitucional.

La iniciativa del mandatario deberá ser debatida en la Asamblea Nacional y sometida a votación de la ciudadanía, si Escudero lo avala.

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La propuesta del Ejecutivo es que se elimine de la categoría de grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad.

Actualmente, el artículo 35 de la Constitución señala que "las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado".

Asimismo, el mandatario pretende que se reforme el artículo 51 de la Carta Magna, que reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad, entre ellos la garantía de la comunicación y la visita de sus familiares y profesionales del derecho.

Para el presidente Noboa, su propuesta está guiada "por un sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía", señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

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Este es el tercer proyecto de reforma constitucional que el gobernante presenta en las últimas semanas, después de que también haya propuesto permitir de nuevo la posibilidad de que bases militares extranjeras se instalen en el país y la cuestión de eliminar la financiación pública a partidos políticos.

Las cárceles de Ecuador han sido uno de los focos de la crisis de violencia que azota a Ecuador desde finales de 2020, y que le llevó a tener en 2023 el índice más alto de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes, debido al auge de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico.

En las cárceles ecuatorianas fueron asesinados más de 500 presos entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres carcelarias a causa de enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado.