04 sep 2024 , 22:29

Según expediente de caso Plaga, Jorge Glas habría planeado anular su sentencia del caso Sobornos con un lobby judicial

Información recientemente incluida al expediente del caso Plaga menciona a Jorge Glas, a quien se le atribuye la autoría de una carta que indica que logró tener contacto con dos asesores del Consejo de la Judicatura con el fin de anular su sentencia del caso Sobornos.

   

El nombre del exvicepresidente Jorge Glas es mencionado en el expediente del caso Plaga, recientemente publicado en una página de la Fiscalía General del Estado.

En uno de los documentos liberados, se atribuye la autoría a Glas de una carta en el que se indica que él armó un presunto plan para tener un lobby con jueces y anular su sentencia del caso Sobornos en la que fue condenado a ocho años de cárcel con Rafael Correa.

En la carta, Glas narra que logró tener contacto con dos asesores del Consejo de la Judicatura (CJ), gracias a una amiga.

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"Ellos proponen liderar el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de sentencia en casación que me permita salir inmediatamente. De hecho, me aseguran que dicha expectativa tiene alta probabilidad y que los jueces están dispuestos a ello", se detalla en el documento.

Sin embargo, Glas expresa que no está del todo de acuerdo en la rebaja de pena y asegura que su pretensión era anular la sentencia.

De hecho, el exfuncionario comenta que el acuerdo que establecieron era que iban a revisar el proceso del caso a profundidad, especialmente en la etapa de instrucción fiscal, en la que actuó la jueza Daniela Camacho para ver si encontraban indicios de nulidad.

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El relato de Glas señala que los dos asesores con los que se contactó, que responderían a Fausto Murillo y Juan José Morillo, entonces vocales del CJ, se habían reunido con jueces para tramitar su libertad.

La Fiscalía General del Estado investiga en el caso Plaga presunto cometimiento del delito por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos, en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.

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