Los informes de organismos de derechos humanos podrían servir para revisar sentencias

Los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) tienen una valoración distinta en el sistema jurídico nacional, sin embargo, en la Asamblea Nacional, los representantes de la Revolución Ciudadana (RC) pretenden convertirlos en una nueva instancia judicial.

En el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se busca que los informes, recomendaciones y observaciones de los organismos antes mencionados sean motivos para revisar sentencias ejecutoriadas.

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El interés de esta reforma, sobre todo por parte de la RC, resulta irónico, pues el expresidente de la República, Rafael Correa, cuando estaba en funciones, no hizo caso a un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU con 33 recomendaciones en el que, entre otras cosas, se señalaba que en Ecuador se criminalizaba la protesta social y el aborto, se irrespetaba la libertad de expresión y se había politizado la justicia.

Con respecto a la Corte-IDH, el correísmo también crítico su sistema.

Ahora, entre estos dos organismos a los que apunta la RC en su propuesta hay un diferencia porque los pronunciamientos del Comité de la ONU no son vinculantes, no obstante, los países deben seguir sus recomendaciones para reparar abusos cometidos.

En cambio, las sentencias de la Corte-IDH son vinculantes, de obligatorio e inmediato cumplimiento por parte de los estados suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo curioso y hasta sospechoso es que, quienes vociferaban contra estos organismos de derechos humanos, hoy pretendan convertirlo en una nueva instancia judicial con capacidad de anular las decisiones internas.