¿Es inconstitucional la reducción de salarios que plantea el Gobierno?

La posibilidad de reducir permanentemente el 10% de los sueldos a los servidores públicos con nombramiento o contrato fijo sería una decisión inconstitucional, señaló el viceministro de Trabajo, David Álvarez, durante una sesión virtual con los asambleístas miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, quienes tramitan el proyecto de Ley Humanitaria enviado por el Ejecutivo.  

La posibilidad de reducir permanentemente el 10% de los sueldos a los trabajadores del sector público pudiera ser una decisión inconstitucional. Los gremios de trabajadores advierten al régimen de las consecuencias. pic.twitter.com/soV6wj10GE

— Ecuavisa (@ecuavisa) April 22, 2020

En este documento, el Gobierno planteó que se reduzca el 10% de las remuneraciones a los trabajadores de la Función Ejecutiva y de las empresas públicas que ganen más de 1.000 dólares.

Aquella disminución de salarios sería después de los nueve meses de aportes del 10% del sueldo que plantea el régimen para los funcionarios. 

"Constitucionalmente yo no les podría topar las remuneraciones a los servidores públicos que mantienen un nombramiento definitivo", dijo Álvarez este martes 21 de abril, indicando además que la reducción se podría aplicar a los trabajadores de libre remoción y sin la necesidad de una ley. 

Por su parte, Cristóbal Buendía, síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, dijo a los legisladores que no hay duda de la inconstitucionalidad de la propuesta y destacó el artículo 328 de la Cosntitución. 

Una parte de este señala que: "El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley".

Si bien los empleados públicos ratificaron su voluntad de aportar para colaborar con una solución a la crisis económica, Patricio Tenesaca, presidente de los Trabajadores del Sector Eléctrico, quien también compareció ante los parlamentarios, aseguró que esto no implica que aceptarán una reducción permanente de sueldos. 

La comisión legislativa analiza ahora estos criterios antes de emitir el informe de primer debate de la ley.