Habeas corpus para Glas: justicia o impunidad

La libertad de Jorge Glas abrió un debate con cuatro vectores en la opinión pública. El primero alrededor de las irregularidades que surgieron en el proceso de sentencia de habeas corpus que permitió la excarcelación del exvicepresidente; el segundo en torno a un supuesto pacto entre el Gobierno y el correísmo; también está el análisis respecto a cómo solucionar el problema de la institucionalidad que atraviesa el Estado, y un cuarto en relación a cómo evitar la impunidad, después de que Glas guardaba prisión por dos sentencias en firme por corrupción y ahora está en libertad.

Un consejero de Gobierno en funciones, Diego Ordóñez; dos especialistas: Paulina Araujo y Santiago Basabe; una exministra de Gobierno, María Paula Romo; y una periodista con trayectoria en temas judiciales, Jacqueline Rodas, participaron, la noche del domingo 10 de abril, en el espacio de debate de Ecuavisa.com, en Twitter, para dar una respuesta a cada arista de este caso.

En cuanto a la impunidad, ya hay un precedente de la falta de control de la justicia para evitar la fuga de las personas con medidas alternativas. Ocurrió en el 2018, cuando Fernando Alvarado, exfuncionario del gobierno de Correa, logró deshacerse del grillete que tenía en el tobillo y escaparse del país. Ante esta posibilidad, el consejero Ordóñez, aseguró que el presidente Guillermo Lasso dispuso la vigilancia 24/7 de Glas, para evitar que fugue.

Además, la jurista y experta en derecho penal, Paulina Araujo, así como la exministra Romo, dijeron que la salida de la cárcel de Glas no significa que se le han limpiado los delitos por los que fue sentenciado. Pero que en el habeas corpus “se le dé como una medida alternativa a la prisión presentarse mensualmente es insólito”, asegura Romo.

En cuanto a la legitimidad de la sentencia del juez multicompetente de Manglaralto, Diego Moscoso, la jurista Araujo cree que lo sucedido el fin de semana devela una justicia selectiva. Está convencida de que en el plano jurídico hay vicios en este procedimiento. Por ejemplo, cuestionó que se haya utilizado el amotinamiento en la cárcel de Turi (Cuenca) como un argumento para sustentar que no se conocía a dónde fue trasladado Glas, preso en la cárcel de Latacunga desde 2019.

En el mismo sentido, critica una ‘mezcla’ del derecho penal con el constitucional al hablar de beneficio penitenciario y habeas corpus, aclarando que el primero ya fue negado.

Observa que en la boleta de excarcelación la firma que consta es del secretario y se pregunta cómo el trámite fue tan rápido; y en la misma línea cuestiona que se haya realizado un sorteo manual para determinar el juez que llevará el habeas corpus. En este punto, la periodista especializada en temas judiciales, Jacqueline Rodas, dice que varios secretarios de juzgados hablan de que les dan los nombres en 'papelitos' para la realización de sorteos manuales.

Araujo, explica que las medidas alternativas penales ante un habeas corpus aplican en casos excepcionales, sobre todo en delitos no graves. Y critica que en los documentos de excarcelación solo se menciona a una orden de prisión, que se entendería responde al caso Singue.

Para la exministra de Gobierno, María Paula Romo, hay fallas en todos los niveles del Estado: el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia e incluso el Gobierno. En este último, explica que el funcionario a cargo de la defensa del Sistema de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) debía apelar de inmediato, y como no sucedió debe existir un proceso disciplinario en su contra.

La periodista de Televistazo cree que las irregularidades de las acciones constitucionales son recurrentes, cuestiona si jueces de primera instancia están preparados para atender acciones constitucionales.

La solución ante gran parte de los errores que se presentaron en este proceso recae sobre una posible consulta popular. Santiado Basabe, analista político, explica que es urgente una reforma a la justicia constitucional para evitar que casos así vuelvan a ocurrir.

Ordóñez, dice que la consulta popular no es el “plan B” del gobierno, después de no concretar la muerte cruzada, sino que buscan impulsar la agenda de desarrollo, empleo e inversión, reforma laboral, el sistema de partidos políticos, la función judicial y la función legislativa.

El funcionario desmiente categóricamente el otro eje del debate: el pacto con el correísmo. Sin embargo, Basabe dice que no se puede culpar a la ciudadanía por llegar a esta conclusión, incluso cree que los hechos apuntan a eso.

Enumera dos momentos, que a su criterio son relevantes, como antesala de la situación política actual: la salida de la exministra Alexandra Vela, diciendo que no quería negociar con ciertos grupos políticos y la entrada del ministro Francisco Jiménez, quien mostró una postura abierta al diálogo con todos los sectores sociales.

“Nebot ha sido el socio político de Correa desde el Gobierno de Moreno”, asegura el consejero Ordóñez y desvía el concepto de ‘pacto’ hacia esa dirección. Los argumentos a favor del Gobierno, que maneja el funcionario, es que el presidente Lasso no va a entrometerse en la justicia, aunque en la opinión pública se reclama que no hayan frenado la salida de Glas de la cárcel.