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Caso Encuentro: Salazar responde a Lasso sobre investigaciones por presunta corrupción
Según la Fiscalía, por los casos 'Encuentro' y 'León de Troya' ya han existido "400 requerimientos de información".
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Diana Salazar, fiscal general del Estado, y Guillermo Lasso, presidente de la República.( )
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostiene que la institución que dirige está haciendo su trabajo con respecto a las investigaciones de los casos 'Encuentro' y 'León de Troya', que salpican a personas allegadas al Gobierno de Guillermo Lasso.
En una carta dirigida al presidente de la República, Salazar detalló que por ambos casos han existido "400 requerimientos de información, 82 señalamientos de versiones, 5 incautaciones, 12 allanamientos y 11 autorizaciones judiciales".
Además, especificó que el Caso Encuentro se abrió oficialmente el 9 de enero de 2023, mientras que el 24 de febrero de 2023 se ordenó reabrir la investigación por el Caso León de Troya.
La carta de Salazar es una respuesta a otra que el jefe de Estado le había enviado un día antes.
Lasso, quien podría enfrentar un juicio político que desencadenaría en su destitución, le indicó a Salazar que había ordenado a la Función Ejecutiva que "conteste con celeridad" todo pedido de información que requiera la FGE, entre esos "cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Drouet", quien es cuñado del presidente.
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Posible juicio político
El sábado pasado, con 104 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el informe elaborado por una comisión de legisladores que investiga también el caso 'Encuentro', también conocido como 'El Gran Padrino'. El informe recomienda el juicio político de Lasso.
La votación abrió paso para que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de, al menos, 46 legisladores.
La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al presidente por delitos "contra la seguridad del Estado" o por "concusión, cohecho (soborno), peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito".
Ese artículo también establece que, "para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo".
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