La presidenta notificó al Tribunal encargado el incumplimiento de las medidas cautelares lo que, según uno de sus abogados, implica una posible destitución de los 81 legisladores.
Ahora la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ya no solo aspira una acción judicial contra los asambleístas, quienes le iniciaron una investigación sino que espera su destitución.
Julio César Sarango, asesor jurídico de Llori confirmó que se notificó al Tribunal Penal de Pichincha sobre el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares que impedían se cree una Comisión que la evalúe y eso asegura tiene implicaciones.
"El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de esa comisión".
Y va contra los 81 que votaron por la constitución de la Comisión; pero los 93 que también forman parte de otra denuncia de Llori quieren en cambio explicaciones de la fiscal Diana Salazar de porque se abrió una indagación previa en su contra, la funcionaria está convocada para el miércoles a la Comisión de Participación Ciudadana.
La fiscal Salazar había mencionado que tiene obligación legal de investigar todas las denuncias. En eso coincide la vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní: "cuando se presenta una denuncia en Fiscalía lo procedente es justamente es darle trámite".
En medio de procesos legales y ahora hasta constitucionales la Asamblea no deja de dar sorpresas.
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