Gobierno no permitirá que Duarte viaje a Argentina, dice Romo

El Gobierno ecuatoriano no permitirá bajo ningún concepto que la exministra María de los Ángeles Duarte, condenada en el caso Sobornos 2012-2016 y refugiada en la embajada argentina en Quito, salga de la legación para viajar a Argentina.

Así lo aseguró a la agencia de noticias Efe la titular de Gobierno, María Paula Romo, al refrendar una decisión del presidente, Lenín Moreno, en el caso de Duarte, quien ingresó el 12 de agosto en la embajada.

"El Gobierno no emitirá salvoconducto, como ya se lo ha hecho saber el canciller (Luis Gallegos), a su colega de Argentina (Felipe Carlos Solá)", dijo Romo.

Duarte, que fue ministra en los gobiernos del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), fue condenada, junto a otras 19 personas, en un caso que juzgó la financiación ilegal del movimiento Alianza País.

El 12 de agosto, tras refrendar la sentencia un tribunal de segunda instancia, la exministra ingresó en la embajada argentina en Ecuador, que la recibió en calidad de "huésped, por razones humanitarias".

Su caso es desde entonces tratado por las Cancillerías de los dos países, sin que se perfile una solución.

"Argentina tampoco ha decidido si concederle el asilo. Al menos hasta el momento en que conversamos hoy, no ha notificado que se le haya concedido el asilo", puntualizó a Efe Romo.

Y agregó que el Gobierno ecuatoriano "de ninguna manera permitirá que esta ciudadana, ni ninguna otra persona que deba rendirle cuentas a la Justicia, evada su responsabilidad".

Preguntada sobre posibles desenlaces a una hipotética situación de permanencia continuada en la legación diplomática, Romo consintió que se resolverá cuando ella decida salir, o "la embajada decida que no puede permanecer en territorio argentino permitiendo que evada su responsabilidad".

"No contemplamos la posibilidad" de que viaje a Argentina, insistió la ministra y aseguró que el presidente y el canciller "han sido muy claros en eso. Debe responder ante la Justicia. Ha sido ya sentenciada".

Con ello diferenciaba su caso del de un grupo de cuatro asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana, y tres cónyuges, que el pasado 9 de enero pudieron viajar a México tras haber pasado 86 días en la legación mexicana en Quito.

Ello fue posible en negociaciones entre las Cancillerías de ambos países, y después de que México les concediera asilo.

"Desde el punto de vista jurídico y de lo legal hay una diferencia importante", aseguró Romo, que detalló, "no existían contra ellos órdenes de captura (..) y, de lo que conozco, aún el día de hoy, no existen".

"Las personas que fueron a la Embajada de México lo hicieron porque su conciencia actuó más rápido que la Justicia. No necesitaban asilo y por lo tanto no necesitaban salvoconducto", precisó.

Se trata de dirigentes correístas que pidieron refugio a México temiendo ser procesados en Ecuador por un presunto delito de instigación durante la ola de disturbios de octubre de 2019, como ocurrió con varios de sus compañeros, al considerar el Gobierno de Moreno que hubo un intento de golpe detrás de las protestas sociales.

"Se sabían mentalizadores de algo que podía terminar en la justicia, de algo que está penado en el Código, y por lo tanto cuando ese intento de golpe fracasó, de inmediato fueron a refugiarse en una embajada", sostuvo Romo.

Reiteró que el Ejecutivo no expidió entonces ningún "salvoconducto", como se requeriría en el caso de Duarte, porque no eran requeridos.

"En el caso de Duarte, su entrada a la Embajada de Argentina entiendo yo que debería estar considerada una fuga para la Justicia ecuatoriana", concluyó.