El Gobierno asegura que Copedesa causó un perjuicio de USD 94 millones al Estado ecuatoriano

La empresa de distribución de combustibles Copedesa, vinculada a la familia del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, habría causado un perjuicio de USD 94 millones al Estado ecuatoriano, aseguró José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, por medio de un presunto esquema de contrabando de combustibles.

La matriz de esta empresa, en donde se encuentra una gaoslinera, como se describe en la Superintendencia de la Compañía, ubicada en la calle Clemente Ballén y Los Ríos, fue clausurada ayer por la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera (ARCH), por presuntamente infringir la Ley y Reglamento de Hidrocarburos.

El alto funcionario relató que además la ARCH emitió la notificación de suspensión de entrega de combustible a todas las comercializadoras y distribuidoras del grupo ALVA3, consorcio que maneja todas las gasolineras asociadas con Copedesa.

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ALVA3, que realiza actividades de sociedades de cartera en las compañías de la familia del alcalde de Guayaquil, tiene como únicos accionistas a Aquiles Álvarez y sus hermanos Mario y Antonio Álvarez, quienes son dirigentes de Barcelona Sporting Club.

Después que fuesen denunciados por un funcionario de la ahora extinta Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcennr) en julio pasado, los tres Álvarez vendieron sus acciones de la Compañía del Petróleo y sus Derivados (Copedesa S.A) en agosto.

Neira aseguró que los exaccionistas de Copedesa se hicieron millonarios comprando diésel con subsidio, que debía ser comercializado dentro de un segmento específico como el automotriz industrial o naviero, pero que la desviaron a empresas del área industrial, que les pertenecieron a ellos. Con este mecanismo ellos habrían causado perjuicio al Estado ecuatoriano.

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El secretario de Integridad Pública aseveró que el ARCH y el Servicio de Rentas Internas (SRI) cruzaron información de facturación, comercialización, y distribución de combustible autorizado para así poder identificar y poder denunciar el presunto comportamiento ilícito.

Neira descartó que esto fuera una persecución política, aludiendo a Aquiles Álvarez. Dijo que en el momento del acto ilícito uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política, pero que ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico.

Derivado a las denuncias gubernamentes, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron siete allanamientos en empresas de los hermanos Álvarez. Denominaron a l investigación penal que indaga un presunto delito de comercialización ilegal como caso Triple A.