Francisco Jiménez, el tercer ministro de Gobierno en menos de un año

Francisco Jiménez, quien hasta ahora se desempeña como asambleísta, asumirá la tarde de este miércoles 30 de marzo el Ministerio de Gobierno.

El aún legislador, quien preside la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, se despidió esta mañana de sus compañeros de despacho.

Aunque aún no se ha publicado el Decreto Ejecutivo, se prevé que esta tarde se promulgue el documento con el que se oficializa su nuevo cargo.

Jiménez es el tercer ministro de Gobierno durante la Administración de Guillermo Lasso. El primero fue César Monge, quien falleció el 25 de julio de 2021. Le sucedió Alexandra Vela, quien presentó su carta de renuncia este martes 29 de marzo.

"Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presenté mi renuncia", escribió ayer Vela en un tuit.

En su carta, la funcionaria saliente señaló que "en múltiples reuniones" ha reiterado que la muerte cruzada es la vía para "realizar las transformaciones profundas que el Ecuador requiere en los campos social, político y económico" .

Asimismo, la dimisión de Vela se dio luego que ella presentara este mismo martes ante la Corte Constitucional una demanda de ilegalidad a la decisión de la Asamblea Nacional de otorgar amnistías a 270 personas, la mayoría de ellas procesadas por participar en protestas sociales desde octubre de 2018.

Además, la renuncia de la ministra saliente se dio poco después que el consejero y portavoz del Gobierno, Carlos Jijón, presentara también su deserción al cargo.

Por otra parte, la situación sucede al duro revés político que sufrió el Ejecutivo en la Asamblea, que negó y archivó un proyecto de Ley de Inversiones, que figuraba como insignia del Gobierno para dirigir la economía y generar empleo.

Con dicha ley, Lasso pretendía atraer unos 30.000 millones de dólares en inversiones a proyectos de su administración y generar unos 2 millones de empleos.

Esa ley se topó con la resistencia de sindicatos, indígenas y grupos de izquierdas que advertían de supuestos afanes privatizadores del Gobierno.