Expectativa por el juicio político contra ministra María Paula Romo

Este martes 24 de noviembre comenzará el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de manera virtual. Los bloques se reunieron hasta anoche para decidir si habrá censura.

 

Romo tendrá tres horas para ejercer su derecho a la defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional. 

El informe de la Comisión de Fiscalización recomienda su censura, la acusan de incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre del año pasado. Además por el ataque a los llamados centros de paz, en lo que permanecían manifestantes y sus familiares.

 

Hasta la noche del lunes no se conocía si existían o no los votos para la censura y la destitución de la funcionaria, tomando en cuenta que los asambleístas de los bloques de Alianza PAIS, CREO y algunos disidentes no querían abordar el tema mientras no tengan una reunión de las bancadas.

 

La bancada de la llamada Revolución Ciudadana ratificó su decisión de ir por la censura; Pachakutik y PSC se unirían.

 

En la del BIN (Bancada de Integración Nacional) la votación estaría dividida, al igual que en el grupo de los independientes.

 

Para que el juicio político sea aprobado se necesitan 91 votos, aún está por verse si se logra completarlos; al momento está garantizados los votos socialcristianos, de creo, del blqoue de la revolución ciudadana.

 

La ministra de Gobierno comparecerá al pleno e insiste en que se desactivó un proceso golpista y que la Policía actuó con el uso progresivo de la fuerza.

 

"No están todos los motivos de quienes buscan mi salida del ministerio de gobierno, no están escritos en el juicio político. Así que creo que la motivación sobre esa votación tampoco va a depender de mi argumentación, sin embargo es mi obligación como funcionaria es responder a cualquiera de las acusaciones", afirmó Romo anteriormente.

 

El futuro de la ministra de Gobierno está en manos de los legisladores. 

El informe de la Comisión de Fiscalización recomienda su censura, la acusan de incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre del año pasado. Además por el ataque a los llamados centros de paz, en lo que permanecían manifestantes y sus familiares.