La exasambleísta Bella Jiménez llevará grillete electrónico tras ser procesada por concusión

La Fiscalía formuló cargos contra Bella Jiménez por su presunta participación en el delito del concusión. También fueron vinculados su hijo, su hermano y su cuñada como cómplicaes.

En su resolución, el juez nacional Marco Rodríguez ordenó la colocación de grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país para las cuatro personas.

Además, dispuso la retención de cuentas por USD 5 520 a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa; la prohibición de enajenar bienes por USD 20 000 dólares a Jiménez y por USD 10 500 a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral.

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Esta causa inició por los hechos que llevaron a su destitución de la Asamblea Nacional. Jiménez habría exigido USD 3 000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.

Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.

La entonces legisladora habría continuado abusando de su cargo con ayuda de Elena O., su cuñada, quien habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional, en el despacho legislativo de la ahora procesada.

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Para esta finalidad habría exigido USD 6 000, a cambio de su contratación. Una parte del dinero habría sido entregada al hermano de la asambleísta, Jimmy J. –a través de un cheque–, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se efectivice la contratación.

La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.

Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella J. en la Asamblea Nacional.

También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso. A esto se sumaron informes periciales, certificaciones bancarias de las transacciones efectuadas, versiones, entre otros. La instrucción fiscal durará 90 días.