¿Puede Ecuador combatir el crimen sin estados de excepción? El debate tras la objeción de la Corte Constitucional

La objeción parcial de la Corte Constitucional (CC) al último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa generó malestar en el Ejecutivo y abrió el debate sobre la permanencia de un conflicto armado interno en Ecuador. ¿Se ajusta la postura de la CC a los criterios de organismos internacionales? ¿Por qué cambió su enfoque?

En una entrevista en Contacto Directo, el constitucionalista André Benavides señaló que el decreto firmado por Noboa el 3 de marzo carecía de fundamentos suficientes para insistir en la existencia de una guerra interna. Según explicó, para calificar un conflicto armado interno debía probarse que los grupos criminales tienen como objetivo al Estado y que la intensidad de las hostilidades ha escalado significativamente. A su juicio, el decreto no lo demuestra.

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Benavides considera que la Corte ha endurecido su control, pero no porque desconozca la crisis de violencia en Ecuador. Según él, la postura del organismo busca incentivar la implementación de políticas públicas sostenibles contra el crimen organizado, en lugar de recurrir de forma reiterada a medidas excepcionales.

"El abuso de los estados de excepción puede comprometer la vigencia del Estado de derecho. Prácticamente estaríamos viviendo en un régimen excepcional (desde enero de 2024)", advirtió el jurista.

Además, recordó que el gobernante ya dispone de herramientas legales para enfrentar a las bandas criminales sin necesidad de decretar estados de excepción, como la posibilidad de ordenar el despliegue de militares en las calles.

Por otra parte, recordó que en enero de 2024, tras hechos como la irrupción en TC Televisión, la fuga de alias Fito y los motines carcelarios, la CC reconoció la existencia de un conflicto armado interno.

En su fallo reciente, la Corte Constitucional planteó al Ejecutivo la creación de una comisión compuesta por diferentes instituciones estatales para evitar que se perpetúe el estado de excepción. El organismo advirtió de la necesidad de encontrar la fórmula para enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario.

"Ya no basta (...) con efectuar exhortos, pedidos y llamados de atención, como se ha realizado en dictámenes previos, sino que, en busca de que Ecuador pueda volver a los cauces jurídicos ordinarios, y con ello garantizar el respeto a la Constitución y la naturaleza extraordinaria del estado de excepción", manifestó la CC en un comunicado.

El Gobierno Nacional respondió a ese planteamiento. Dijo que la comisión no tiene sustento legal y resulta "inejecutable".

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"Es evidente que la Corte Constitucional está invadiendo esferas privativas de competencias y atribuciones exclusivas del Presidente de la República", añadió.

El jefe de Estado pidió además que la Corte Constitucional haga aclaraciones sobre 12 puntos del dictamen, entre esas señalar en qué norma está la comisión que mandó a crear.

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