Elecciones Ecuador 2023: ¿Qué se juega el país con la consulta popular del Yasuní?

Las elecciones del 20 de agosto estarán acompañadas de una consulta popular que pondrá a decidir a los ciudadanos sobre el futuro de la explotación petrolera en el Bloque 43 del ITT, ubicado en el parque nacional Yasuní.

Respecto al primer punto, lo que más preocupa a los sectores productivos y a quienes vigilan el presupuesto estatal, es que Ecuador perdería una millonaria cantidad de ingresos, así como la posibilidad de que se abra un nuevo abanico de demandas contractuales.

En el programa Políticamente Correcto de este domingo 18 de junio de 2023, el consultor en política energética Nelson Baldeón expuso que, dejar de explotar el petróleo del bloque 43 ITT del Yasuní, podría acarrear demandas millonarias al Estado por parte de las empresas petroleras ya acentuadas en ese lugar.

En 2013, el expresidente Rafael Correa dio luz verde para que empezara a explotarse el bloque 43 ITT, por fuera del pedido de colectivos ambientalistas como Yasunidos que desde entonces, impulsaban una consulta popular para evitar dicha decisión.

Es por ello que la Corte Constitucional decidió el pasado 9 de mayo, dar luz verde para que dicha aspiración se concrete. No obstante, desde 2013, Ecuador firmó convenios para extraer el petróleo del ITT, que desde 2016 produce unos 50 mil barriles de crudo por día.

“Se ha invertido $200 millones en infraestructura productiva dentro del ITT. Si Ecuador cierra eso, tendríamos demandas gigantescas por incumplir convenios internacionales”, dijo el experto en política energética.

Helena Gualinga, activista de la comunidad Sarayaku, expuso dentro del debate que los ingresos anuales de la explotación petrolera en el ITT no superarían el 1% del presupuesto del Ecuador. Por ello, alega que los compromisos del Estado con las comunidades indígenas amazónicas deberían ser más importantes que romper acuerdos con la industria petrolera.

“El Yasuní es el lugar más biodiverso del planeta, explotar el ITT va en contra de los derechos humanos y de los pueblos amazónicos”, enfatizó la activista.

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Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), asistió también al debate. En su intervención señaló que, de ganar la consulta, Ecuador perdería $147 millones anuales y no los $1.200 millones.

Según explica, esos mil millones no toman en cuenta los costos en extracción de crudo por las petroleras. En ese sentido, Ecuador dejaría de percibir menos de una cuarta parte de lo que se plantea desde el Gobierno. Para subsanar el déficit fiscal, Natalia Greene opina que Ecuador debería, entre otras acciones, eliminar los subsidios a los combustibles como la gasolina.

“Ya sea en un año o en cinco, Ecuador deberá buscar otra alternativa no petrolera, quitar los subsidios, fomentar el turismo o nuevas exoneraciones tributarias”, señaló la también catedrática universitaria.

Nelson Baldeón expuso su desacuerdo con los datos lanzados por Greene, y aseguró que a Ecuador todavía le quedan 10 años más de reservas petroleras. También insistió en que el mundo mantiene la necesidad de producir 100 millones de barriles diarios de petróleo y que, mientras ello no deje de ocurrir, habrá pocos incentivos para dejar el crudo bajo tierra. “Debemos tener una mirada más pragmática”. Además, enfatizó que dejar de explotar petróleo en el Yasuní pondría en peligro la dolarización.

“Ecuador basa su economía en las reversas petroleras que tiene; sin petróleo, no habrá el colateral económico que se necesita para recibir préstamos y financiamiento para el desarrollo”, enfatizó Baldeón.

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El colectivo por la naturaleza, Yasunidos, logró después de diez años que una consulta popular sobre explotación petrolera en el Yasuní. En la papeleta, el ciudadano encontrará una pregunta correspondiente al ITT.

Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, la pregunta del Yasuní dice: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”

Helena Gualinga concluyó su intervención haciendo énfasis en que las consecuencias del cambio climático se ven con las últimas inundaciones sin precedentes que desbastaron a las comunidades de Esmeraldas y Sarayaku, además de varias catástrofes más regadas en todo el territorio.

Los ciudadanos tendrán dos meses para informarse sobre los pros y contras que supone una consulta popular que compromete la economía del Ecuador, así como su situación medioambiental. En el caso de los habitantes de Quito habrá una pregunta más correspondiente a la explotación minera en el Chocó Andino.

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