15 sep 2023 , 06:00

Elecciones Ecuador 2023: poca transparencia en el financiamiento de las campañas de Daniel Noboa y Luisa González

Luisa González y Daniel Noboa tienen la obligación de presentar los reportes de ingresos y gastos, de manera quincenal, durante la campaña.

   

Luisa González y Daniel Noboa llegaron al balotaje final luego de una intensa campaña de primera vuelta, cuyo financiamiento debe reportarse de manera quincenal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y constar en la página web.

La ley contempla que la promoción de los candidatos venga de fondos públicos del CNE, para la difusión de las propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

Mientras que los aportes privados tienen un límite de gasto electoral que el Pleno del CNE fijó en USD 5 380 018 para los binomios presidenciales.

Esos recursos deben ser de fuentes lícitas y estar debidamente justificados. En el reporte debe constar quiénes son las personas que entregan los servicios, bienes o dinero para la campaña; la fecha en la que se entregó; descripción del concepto del aporte, entre otras especificaciones.

Ese dinero sirve para artículos promocionales, pago de artistas, servicios como contabilidad o comunicación, entre otros gastos de campaña.

Están expresamente prohibidas las aportaciones que provengan de personas con contratos con el Estado, servidos públicos, instituciones estatales, donaciones anónimas, empresas extranjeras.

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Daniel Noboa no ha presentado sus reportes de gastos e ingresos ante el CNE

El Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral establece que las organizaciones políticas tienen la obligación de presentar el presupuesto de campaña quince días después de inscrita la candidatura. Se trata de una proyección de los gastos incurridos antes y durante la campaña.

Además, los gastos e ingresos reportados se deben presentar cada 15 días ante el CNE, durante la campaña. Para Presidente y Vicepresidente, la promoción electoral inició el 13 de julio de 2023, por lo que deben constar al menos cuatro reportes.

Sin embargo, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, no ha entregado ni un solo documento. Al consultar a su equipo de trabajo, indicaron que se presentará a final de mes, lo que no está contemplado en la norma.

No obstante, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, explicó a Ecuavisa.com que si bien existe a la obligatoriedad para que las organizaciones políticas presenten dichos informes, en la ley electoral no consta una sanción si no lo hacen.

La norma también establece que en el plazo de noventa días después de cumplido el acto de sufragio, la organización política liquidará los valores correspondientes a ingresos y egresos de la campaña, presentando un balance consolidado. Y en caso de no presentar esa información en noviembre sí hay sanciones.

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¿Sabías que?
El Código de la Democracia establece que: "Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de sus representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de veinte a setenta salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley".

Luisa González gastó más de USD 67 000, aunque su campaña no fue precaria

El presupuesto del binomio Luisa González- Andrés Arauz contemplaba ingresos por USD 210 mil y gastos por el mismo valor. En lo que más planteaban utilizar los recursos era en la elaboración de artículos promocionales (USD 99 950) y en los cierres de campaña (USD 45 000).

Esa era una proyección, sin embargo, en los documentos presentados ante el CNE la Revolución Ciudadana registró ingresos de USD 201 360,21 y gastos de USD 67 194,26.

En cuanto a los ingresos, en julio recibieron aportes de USD 37 050,71 y en agosto de USD 164 309,50. La mayoría de esos recursos son de "especie", es decir, no se entregó el dinero en efectivo o mediante cheque, sino que se dio en bienes o servicios.

De hecho, los valores más altos corresponden a este tipo de aportes. El más importante es de USD 14 285,71, por concepto de "diseño de contenido" y USD 10 850,00, por "camisetas con diseño".

El primero lo hizo Helen Pazmiño, de profesión administradora de empresas, que no tiene registros de haber trabajado en el sector público ni empresas a su nombre que consten en la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, su nombre aparece en los aportes de campaña de Andrés Arauz, cuando se candidatizó en 2021, en esa ocasión entregó USD 16 200.

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El segundo corresponde a Juan Gabriel Álvarez, quien tiene una amplia trayectoria en la Función Legislativa, como servidor y asesor. En la declaración patrimonial juramentada de 2023 consta un patrimonio que supera los USD 81 000; es decir, habría entregado un 8% para la campaña.

Sobre la entrega de dinero, hay aportes desde USD 40,00, hasta USD 4 500,00, ese es el monto más alto y corresponde a Andrés Valarezo, que trabaja en la Prefectura de Pichincha y recibe un sueldo de USD 2 600, es decir, su aporte equivale a casi dos meses de trabajo.

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En los reportes del CNE también constan los gastos que hubo en la campaña de González, por concepto de elaboración de artículos promocionales y servicios prestados. No declaran ningún gasto por refrigerios, viáticos, movilización y transporte, materiales de oficina ni por cierres de campaña.

Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Anticorrupción, es preocupante que los candidatos no muestren de manera transparente los gastos de campaña porque es una señal de cómo utilizarían los recursos públicos, en caso de llegar a la Presidencia.

Además, dice que una campaña presidencial es sumamente cara, por lo que presentar reportes con gastos vagos también provoca dudas, más en un contexto en el que se pueden utilizar recursos provenientes de la corrupción o de estructuras criminales.

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