Elecciones 2023: ¿narcocampañas en Ecuador?

Una nueva crisis interrumpe el proceso de democracia electoral en Ecuador. El narcotráfico y las bandas delictivas, al parecer, han optado por reclutar a varios candidatos en distintas zonas del país para adentrarse en el poder político. El panorama, según analistas, es mucho más grave de lo que se piensa.

En Políticamente Correcto, programa dominical transmitido por Ecuavisa, la Editora política de la Revista Vistazo, María Belén Arroyo, declaró que hay más de 20 atentados contra la vida de varios candidatos en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, mismas que limitan con Colombia, y Manabí.

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Arroyo hizo un llamado a las distintas organizaciones del Estado para frenar la situación en el país. Además, recalcó que el problema recae en las organizaciones políticas que comandan el país, por su ineficiencia en escoger correctos representantes.

“Los grupos políticos escogen a personas que sí los representan, pero que no representan al país”, dijo.

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El doctor en Ciencia Política Luis Córdova opina que el problema responde a una situación macro que se ha incrementado con el pasar del tiempo. “En 2006 había ocho organizaciones delictivas. En 2022 hubo 76”, aclaró el panelista.

Para Córdova, la intensa lucha del Gobierno contra la mafia hace que la violencia y el número de bandas delictivas aumenten en Latinoamérica. Además, hizo referencia a la inexistencia de políticas públicas de salud para el tratamiento del consumo de drogas.

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Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, declaró que no existe solución alguna a la situación, más que confiar en la correcta información y voto del ciudadano.

Según el vocero de la entidad, los responsables de analizar los presuntos vínculos de candidatos con las bandas criminales es la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Sin embargo, el mismo Código de la Democracia impide que los poderes del Estado puedan intervenir en el proceso sancionatorio.

Los tres panelistas coincidieron en que el Código de la Democracia tiene que ser reformado cuanto antes por la Asamblea Nacional, para evitar nuevos sucesos en futuras elecciones.

Asimismo, todos concuerdan en que la ciudadanía tiene la obligación de informarse responsablemente sobre los candidatos de sus territorios antes de ejercer su voto en los próximos 21 días.

El pasado 6 de enero, el asambleísta y representante del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), Fernando Villavicencio, presentó ante Fiscalía una denuncia que involucraría a más de 20 candidatos en actos ilícitos relacionados con bandas criminales y narcotraficantes.