Elecciones 2023: la norma da cabida al proselitismo en los anuncios de las precandidaturas

Todavía no hay ningún candidato oficialmente inscrito para las dignidades de elección popular que se escogerán en febrero de 2023. Los innumerables perfiles que han salido a la palestra, en las 24 provincias y 221 cantones, responden únicamente a precandidaturas.

Es decir, se trata de los escogidos en los procesos de democracia interna de los movimientos y partidos políticos; aunque incluso hay casos de figuras que ni si quiera han conseguido todavía el vehículo partidista para llegar al cargo de elección.

Lo cierto es que no han perdido el tiempo para hacerse visibles y promover una agenda pública, en territorio, e incluso a través de redes sociales.

El proceso oficial de inscripción de candidaturas empezará el próximo 22 de agosto de 2022 y durará 30 días. No obstante, el listado oficial de candidaturas inscritas con todos los recursos resueltos, recién se conocerá el domingo 18 de diciembre de este año.

Apenas en ese momento empezará el proceso para la asignación de fondos para la promoción electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega el dinero para la difusión de las propuestas de los candidatos por medios de comunicación y vallas publicitarias.

La campaña electoral oficial empezará el próximo año, el 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero de 2023.

Promocionar un partido político o plantear las propuestas de un candidato, antes de las fechas establecidas, son considerados actos de precampaña o campaña anticipada.

El primer caso aplica cuando no se oficializan las candidaturas y los fondos utilizados para este fin vienen de los partidos políticos, según explica el abogado y docente universitario Esteban Ron. La campaña anticipada, en cambio, es cuando ya están registrados como candidatos pero todavía no ha comenzado la etapa de promoción, de manera oficial.

Esteban Ron considera que hay un vacío legal en cuanto a la regulación de los actos de proselitismo en los que participan los precandidatos. En la mayoría de casos utilizan tarimas, banderas, carpas y demás insumos para que los eventos de presentación no pasen desapercibidos.

El abogado dice que el dinero utilizado con ese propósito no es imputable al candidato o a la organización política y tampoco es fiscalizable. Se entiende que están en los gastos corrientes de la organización.

La norma clasifica las infracciones electorales como leves, graves, muy graves, infracciones de normas de financiamiento de la política y gasto electoral, e infracciones especiales de los medios de comunicación. De acuerdo con esa escala se establecen los parámetros para fijar las sanciones para quien incumpla con la norma.

Hacer campaña anticipada en medios de comunicación o vallas es considerada una infracción grave y por lo tanto, la sanción consiste en multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte, es decir desde $4.676 hasta $8.500.

También se contempla la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

Sin embargo, la ley da una licencia para que las organizaciones políticas puedan realizar actividades para difundir sus principios ideológicos. El dinero utilizado es imputable al gasto electoral de cada organización, dentro de los fondos privados.

El CNE debe aprobar un reglamento que fija todos los pormenores alrededor de la campaña electoral. Desde cómo administrar el Fondo de Promoción Electoral hasta las características, en términos de tamaño de vallas publicitarias y duración de las cuñas radiales o spots televisivos.

No obstante, ese documento recién estará listo a finales de este año, siguiendo el calendario electoral fijado para este proceso de elecciones.