El proselitismo político estuvo presente en la sesión solemne de Guayaquil

La candidata presidencial Luisa González estuvo presente en la sesión solemne de los 203 años de la Independencia de Guayaquil, ayer lunes 9 de octubre.

Entró al Malecón 2000 acompañada por Marcela Aguiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, aunque ella asistió en calidad de prefecta del Guayas.

González estuvo sentada en primera fila, junto a las principales autoridades locales y nacionales que asistieron, al ser invitada por su coideario, el alcalde Aquiles Álvarez, quien también extendió el llamado al otro aspirante al Palacio de Carondelet Daniel Noboa, que se excusó.

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Durante la transmisión del evento en redes, el rostro de la política fue el más enfocado, apareciendo en tomas abiertas y cerradas. Cada expresión de la presidenciable era captada por las cámaras y llevada a las pantallas de los ciudadanos. pero el momento más álgido llegó cuando el discurso de Álvarez empezó.

El burgomaestre reconoció que rompió el protocolo antes de iniciar su discurso. Criticó a Daniel Noboa por su ausencia y participar en un mitin político cercano al evento.

Después, elogió a González por su asistencia en la sesión solemne.

Álvarez comentó que "es tiempo de parar con la vieja forma de hacer política", e hizo un llamado a dejar el odio de lado y a unir nuevamente el país, lo que refuerza aún más el discurso electoral de González.

Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, afirma que fue aprovechado el cargo de Álvarez, los recursos públicos y la infraestructura estatal para promover la campaña de González.

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Autoridades de la Revolución Ciudadana suelen realizar este tipo de prácticas. Sus alcaldes y prefectos han incluido el proselitismo en sus mensajes y en sus agendas, o incluso aparecen en actividades de campaña, como mítines y caravanas.

Así se ha visto a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y a Pabel Muñoz, alcalde de Quito en eventos de la candidata, pese a que lo prohíbe la ley.

"Es una infracción electoral grave. Ningún servidor público puede inducir o tratar de inducir al voto de una autoridad o de una tendencia en el caso de consultas populares, menos aún en eventos o actos solemnes", indica Esteban Ron, especialista en legislación electoral.

Así lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que indica que está prohibido "ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines".

El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano llamado a intervenir, pero primero debe recibir una denuncia que podría ser presentada por el Consejo Nacional Electoral, algún actor político o por la ciudadanía. La sanción va desde una multa, hasta la suspensión de los derechos políticos y la destitución del cargo.