El nuevo proyecto de recuperación de activos ilícitos propone que la maquinaria de la minería ilegal pase al Estado

El Estado reclamará y usará la maquinaria de la minería ilegal. Así se establece en el proyecto de ley económica urgente para la recuperación de activos de origen ilícito.

El proyecto plantea reformas al código orgánico administrativo y crea el decomiso administrativo especial.

Bajo esta figura, todo bien, maquinaria, equipo, insumos y vehículos, utilizados en minería ilegal, pasarán a la autoridad administrativa que inicie o participe del operativo que permitió su incautación.

En la reforma se indica que la maquinaria se usará de forma inmediata en procesos de remedición ambiental o prevención de riesgos, no requiere ninguna autorización judicial.

Con esta reforma se podría usar, por ejemplo, retroexcavadoras, como las incautadas en el sector de Yutzupino, en Napo, en febrero de 2022.

En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley de gestión de riesgos que permite usar esta maquinaria únicamente cuando se declare emergencia por desastres naturales.

En el proyecto de ley económica urgente se plantea, además, que toda arma de fuego, munición y explosivo con origen ilícito o utilizada en delitos serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país.

Si la ley entra en vigencia, el Presidente deberá reformar el reglamento a la ley de fabricación, importación y tenencia de armas para que todo lo decomisado se pueda registrar y entregar a la fuerza pública para su uso.

El presidente Daniel Noboa envío este lunes 15 de enero la Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública, a la Asamblea Nacional.

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El proyecto ofrece propuestas para facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado; lo que a su vez permitirá desmantelar estructuras financieras de la delincuencia organizada, mermando su capacidad para cometer delitos y operar impunemente.

La ley también busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública.