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El Gobierno recibe la decisión de la Corte Constitucional con indignación
La Senescyt dice que con el "no" de la Corte Constitucional miles de personas no podrán salir de las coactivas.
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El presidente Guillermo Lasso y la secretaria de Educación Superior en un evento de presentación del decreto ley, el 4 de julio.( )
El Gobierno reacciona tras decisión de la Corte Constitucional de no dar paso al decreto ley que buscaba beneficios para coactivados por créditos educativos. La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) publicó un comunicado en el que expresa "asombro, preocupación e indignación".
Según la institución, la decisión de la Corte "niega una posible solución y tranquilidad para miles de jóvenes", de quienes solicitaron créditos pero no pueden cancelar.
La Corte resolvió no dar paso a esa propuesta del Ejecutivo porque considera que no tiene carácter de urgente, mencionando que el proyecto ya se envió a la Asamblea sin esa distinción.
La Senescyt dice que coinciden con el voto salvado de la jueza Carmen Corral, al considerar que la calificación de urgencia está justificada para brindar una respuesta inmediata a la situación actual de los jóvenes.
"Sin lugar a dudas, la decisión de la Corte Constitucional afecta a miles de personas que lucharon por encontrar una salida a un problema que se produjo al querer mejorar sus vidas a través de la educación", dice la Senescyt.
Pronunciamiento de la Corte
El organismo determinó que el Decreto de Apoyo a Becarios no cumple con los criterios de urgencia. Con ocho votos a favor y un voto salvado se emitió el dictamen no favorable. La Corte reconoció la importancia de esta ayuda para los estudiantes y sus familias; no obstante, consideró que se trata de una reforma que debe ser tratada por la Asamblea Nacional.
La institución explicó en un comunicado que la propuesta "no aborda circunstancias apremiantes, pues se trata de un problema estructural que data de hace más de una década y que nunca fue considerado apremiante por la Función Ejecutiva. De hecho, previamente a la disolución de la Asamblea, se presentaron dos proyectos de ley que abordaron el mismo tema y que, al no haberse calificado como urgentes en materia económica por el Presidente de la República, se tramitaron de forma ordinaria".
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