El Cpccs en la cuerda floja: cuatro elementos a considerar en la evaluación que hace la Corte Constitucional

La permanencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en el cargo depende de la Corte Constitucional.

El lunes 25 de septiembre de 2023 será la audiencia pública, como parte del seguimiento al dictamen en el que la Corte Constitucional (CC) prohíbe a cualquier Cpccs evaluar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo (+).

El actual presidente de esa institución, Alembert Vera, intentó poner en marcha una veeduría para evaluar el cese y la designación de los jueces de la CC, por el Transitorio.

Esa iniciativa nació de la orden de un juez de Montecristi que acogió el pedido de una ciudadana para conformar dicha veeduría.

Ecuavisa.com recogió algunos elementos importantes en la evaluación al Cpccs:

La evaluación de los magistrados tomará en cuenta las acciones de los consejeros de Participación Ciudadana, así como de los demás funcionarios que dieron paso a la orden judicial. Según José Chalco, abogado constitucionalista, la CC determinará el grado de participación en el posible incumplimiento.

Por ejemplo, a Vera le jugaría en contra la declaración ante la prensa, cuando dijo que acataría esa disposición e incluso adelantó criterio al indicar que el 'Trujillato' cometió actos que calificó de atroces y apuntó a la necesidad de que sean analizados.

Vera incluso dispuso que se publique la convocatoria en la página web del Cpccs, sin notificar a los demás miembros, y pidió que se postulen aquellas personas que pudieron verse perjudicadas por el Consejo Transitorio, cuando puso en marcha la consulta popular de 2018.

En cambio, los consejeros Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, podrían librarse de responsabilidad, puesto que marcaron distancia respecto de la decisión del Cpccs. Calvache incluso pidió la renuncia de Vera.

Por otro lado, los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto no se apartaron de la decisión de Vera. Algunos de ellos incluso la defendieron en medios de comunicación.

El principal argumento que usa Vera, Verduga y Rafael Correa para defender lo actuado por el Cpccs es que el dictamen de la Corte Constitucional establece que los consejeros no pueden pronunciarse, pero no habla específicamente de los ciudadanos.

Al ser una veeduría, la integrarían personas de la sociedad civil o representantes de organizaciones y ellos serían quienes analicen lo actuado.

Para la abogada constitucionalista Ximen Ron, el debate que compete a los magistrados es decidir si la evaluación de la veeduría es o no un acto administrativo o judicial desde el Consejo de Participación. A criterio de la experta, lo que concluya esa agrupación no tiene validez en ningún ámbito; a menos que por resolución el Cpccs eleve la decisión al Pleno.

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Cuando la Corte Constitucional activó el mecanismo de seguimiento al dictamen, también pidió a la Fiscalía que amplíe una queja que presentó cuando el Cpccs quiso entrometerse en la evaluación académica de la fiscal Diana Salazar, por supuesto plagio de la tesis de abogada.

Para el abogado Chalco, esa actuación es otro acto de incumplimiento del dictamen porque quien designó a la Fiscal fue el Transitorio.

Además, en ese caso, habría menos dudas que en el de la creación de la veeduría, porque la revisión de la designación de la Fiscal ya ocurrió y hasta hubo audiencias públicas.

Los analistas consultados por Ecuavisa.com explican que las acciones que podría tomar la Corte Constitucional van desde un llamado de atención hasta la destitución. Incluso podrían aplicarse un tipo de amonestación para el juez y otro para Vera.

Ron y Chalco también dicen que la Corte puede pedir el archivo de ciertos expedientes, que se cierren las inscripciones o que se retire la convocatoria.

La destitución sería la mayor de las sanciones. En ese caso, debería posesionarse nuevos consejeros, de los suplentes.

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Como parte de las decisiones de la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento al dictamen, también ordena a Vera presentar un informe sobre el estado de la conformación de la veeduría, en 72 horas, es decir, hasta el sábado 16 de septiembre.