El correísmo impone en la Asamblea reformas a la Ley de Comunicación; el Ejecutivo la rechaza

Este jueves, 21 de julio, en la Asamblea Nacional se aprobó en segundo debate y con 75 votos el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, después de que se negara el informe de mayoría, realizado por la comisión de Relaciones Internacionales, que proponía una nueva ley.

Una vez puesto a consideración el informe de minoría, de 127 asambleístas presentes, 75 votaron a favor de la aprobación del informe, 21 en contra y 30 abstenciones.

Lea: Listo el Informe de minoría sobre reformas a Ley de Comunicación

Controlar la información desde el Estado, castigar civil y penalmente a los medios y periodistas, entre otras limitaciones a la libertad de expresión, constan en el informe del proyecto sobre las reformas a la Ley de Comunicación.

El documento de 55 artículos, fue impulsado por el correísmo y sus aliados en la Asamblea.

Lea: Asamblea trató el proyecto de Ley de libertad de expresión que reemplazaría a la actual Ley de Comunicación

La flamante primera vicepresidenta de la legislatura, Marcela Holguín (UNES), propuso una moción para que la sala niegue el informe de mayoría y se proceda a votar el informe de minoría presentado por Ángel Maita (PK).

Una vez aprobado ese texto, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que rechaza la que llama 'Ley Mordaza' porque "intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión" y advierte que el presidente Guillermo Lasso podría tomar acciones, como vetarla.

En la Asamblea, el oficialismo también manifestó su oposición al texto de minoría. Juan Fernando Flores afirmó que el texto aprobado es regresivo en derechos cuando se menciona que a los medios de comunicación y a los periodistas se les podrá abrir otros procedimientos para que se pueda evaluar la responsabilidad sobre ellos.

La correísta Marcela Holguín, que llegó a la política tras ser periodista, aseguró que el proyecto de minoría no regula la opinión como pretenden hacer creer algunos medios de comunicación y tampoco judicializa a los trabajadores de los medios, pues no permite sanciones penales.

Sin embargo, en el artículo 12 dice que “habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona”.