Dos años de Guillermo Lasso: el balance de su relación política con la Asamblea Nacional arroja un resultado negativo

Este 24 de mayo Guillermo Lasso cumple su segundo año como presidente de Ecuador. Hoy no habrá discurso ante la Asamblea Nacional porque el mandatario la disolvió hace una semana mediante el decreto de la muerte cruzada al considerar que una mayoría opositora solo buscaba su caída.

Pero sí habrá rendición de cuentas, que podrían ser las últimas de Lasso en el poder. En lo que debería ser la mitad de su mandato, al Presidente le toca desenvolverse en medio de un clima electoral, que será rápido, para elegir en tres meses a las nuevas autoridades que completarán su periodo hasta el 2025. Él no ha confirmado aún si participará como candidato nuevamente.

Dos años de Guillermo Lasso: el declive de la seguridad en Ecuador

En estos dos años de mandato, la relación entre Lasso y la disuelta Asamblea se salda con un balance negativo.

En estos dos años de mandato, fueron varios los pulsos políticos y sociales en los que Lasso y la Asamblea confrontaron.

Tras varias amenazas de aplicar la muerte cruzada, de lado y lado, fue Lasso quien finalmente la adoptó el 17 de mayo pasado en medio de un juicio político de censura abierto en su contra por la oposición por un presunto peculado en la empresa estatal Flopec, que él niega.

Para Lasso, este juicio político, basado en "acusaciones sin fundamentos", fue el cuarto intento de "golpe de Estado" en su contra.

Según Lasso, el primer intento de golpe de estado en su contra se cristalizó solo seis meses despúes de haber asumido el cargo. Los asambleístas del correísmo lo acusaban de haber incumplido la norma de no tener capitales en paraísos fiscales para ser funcionario público. El caso se denominó Pandora Papers.

Sin embargo, la Asamblea Nacional no pudo pasar una moción de destitución contra Lasso en diciembre de 2021 porque la Contraloría General del Estado archivó una investigación pedida por el propio Mandatario para verificar sus bienes en el extranjero y confirmar que cuando presentó su candidatura a la Presidencua no tenía capitales ni propiedades en paraísos fiscales.

A finales de marzo de 2022, Lasso anunció que cinco legisladores de Pachakutik le pidieron dinero en efectivo y ministerios a cambio de su respaldo al proyecto de Ley de Inversiones, que finalmente fue negada y archivada. ​​​​

También acusó al excandidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, por evasión tributaria, quien lo negó de forma rotunda.

Hervas anunció que iba a tomar acciones legales contra Lasso, quien manifestó que el bloque naranja en la Asamblea Nacional condicionó sus votos a la Ley de Inversiones a cambio de que Hervas no tenga problemas con el sistema tributario.

Lasso firma el decreto-ley de Inversiones, que marcó su enemistad con la Asamblea

Con un año en el mandato, en junio de 2022, Lasso sorteó una moción de censura en medio de protestas lideradas por el movimiento indígena, que paralizaron al país durante 18 días, y que dejaron un saldo de 7 fallecidos y millones de dólares en pérdidas.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, calentó las calles y como por la fuerza no se pudo, el correísmo otra vez intentó sacarlo del poder a Lasso mediante la Asamblea, invocando la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.

Sin embargo, la solicitud de destitución contra Lasso solo obtuvo 84 de los 92 votos que se requerían.

Ya para ese momento, Lasso había tenido tres ministros de Gobierno, encargados de las relaciones del Ejecutivo con otras organizaciones políticas y Sociales.

El primer ministro de Gobierno fue César Monge, que fue electo como asambleísta, pero que renunció para asumir por pocos meses esa cartera de estado hasta que falleció.

Luego fue designada Alexandra Vela, que era cercana a la Democracia Popular y que promovía la muerte cruzada.

Luego, ese ministerio se dividió en dos: de Gobierno y del Interior. Ahí asumió el rol únicamente político Francisco Jiménez, quien tuvo que enfrentar el paro de junio de 2022 y lideró los procesos de diálogo con el movimiento indígena.

Finalmente Henry Cucalón se convirtió en el cuarto ministro de Gobierno en los dos años de Lasso en la Presidencia.

Guillermo Lasso está convencido de que los ataques sincronizados a unidades policiales y otras dependencias públicas en noviembre de 2022 tenían un trasfondo político. Para él, esa cadena de sucesos que no se volvieron a repetir, tenían el fin de que desde lo político nuevamente se invoque la "grave crisis y conmoción interna".

El tercer intento de sacarlo del poder no prosperó, según Lasso, porque la mayor parte de la población expresó su repudio al crimen organizado y respaldó las acciones de la fuerza pública dispuestas por el Presidente, como estados de excepción y someter a líderes de bandas en las cárceles.

Y finalmente vino el juicio político por un contrato de Flopec, supuestamente perjudicial para el Estado, que se firmó antes de que Lasso fuera presidente (en 2018), confirmado así por la propia empresa estatal y por la Contraloría. ​​​

Para el analista político César Ulloa, en sus dos años de Gobierno, Lasso demostró "respeto a los derechos civiles y políticos", fue "bastante respetuoso" con la libertad de prensa y "le puso énfasis al combate a la desnutrición crónica infantil".

Asimismo, destacó la "relación armoniosa" con los multinacionales y la firma de tratados de Comercio, como aquellos con China y Costa Rica; una "relación saludable" con la Unión Europea, y un afianzamiento de la relación con EE.UU., pero su acción más fuerte fue el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19.

Pero en sus dos años de Gobierno, Lasso no logró establecer un acuerdo inter-partidario: "Hubo falta de visión, de tacto, de conocimiento político, no se rodeó de un equipo potente", dijo Ulloa.

Opinó que el gobernante tomó "decisiones muy tardías" en algunos aspectos -como la oxigenación de su Gabinete- y no sintonizó con la ciudadanía, que le exigía mejoras urgentes en temas económicos, de salud y de seguridad, principalmente.

Al hecho de que Lasso recibió un país en crisis económica, a que afrontó una crisis carcelaria (que dejó decenas de reos fallecidos), y a los niveles de inseguridad en aumento, Ulloa suma los bloqueos que Lasso debió afrontar en el Parlamento.

Ahora, Lasso gobernará -posiblemente hasta inicios de noviembre- con decretos-ley que, en materia económica, deben ser aprobados por la Corte Constitucional, a la que ya remitió una reforma tributaria y una ley para atraer inversiones, que le fue negada antes por la Asamblea que hoy ya no existe.

La inédita medida le permitió a Lasso disolver el Parlamento, llamar a elecciones anticipadas y gobernar por decreto hasta que lo reemplace su sucesor.

Todo ello, sorprendentemente, sin un solo disturbio.