La denuncia que Diana Jácome presentó en contra de Verónica Abad por violencia política fue admitida por el TCE
La audiencia oral única de pruebas y alegatos se realizará el 30 de septiembre, a las 10:30, en el auditorio del TCE.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la denuncia que Diana Jácome, asesora del Presidente de la República, presentó en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, por violencia política de género.
La querella se interpuso en respuesta al mismo recurso planteado por Abad, el 8 de agosto, cuando denunció al mandatario Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome, por el mismo delito.
En redes sociales, Jácome compartió parte de la decisión del TCE que dispone citar a María Verónica Abad Rojas en Tel Aviv, Israel. "Nos defenderemos en derecho y con la verdad", agregó.
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Para el procedimiento, la jueza electoral y presidenta del organismo, Ivonne Coloma, dispuso que, en un plazo de dos días, la denunciante pague los valores del arancel consular y diplomático de gastos administrativos por envíos y gestiones.
A partir de la citación, la Vicepresidenta tendrá cinco días para contestar la denuncia y presentar las pruebas de descargo.
La audiencia oral única de pruebas y alegatos se realizará el 30 de septiembre, a las 10:30, en el auditorio del TCE, en Quito.
La jueza Coloma reiteró que, si Abad no comparece y no justifica su inasistencia, será juzgada en rebeldía y su defensa será asumida por un defensor público.
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La denuncia de Abad a Noboa
Verónica Abad presentó la denuncia por violencia política de género en contra del presidente Daniel Noboa y otros tres funcionarios de su gobierno. La audiencia para tratarla estaba prevista para el 12 de septiembre, a las 10:00, pero debido a la recusación de Diana Jácome contra el juez Fernando Muñoz, esta se pospuso.
El recurso tiene como objetivo que el juez Muñoz ya no siga con el trámite, sino otro magistrado, por sorteo.
La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave, según el Código de la Democracia. Puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
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