Decretos-ley del Gobierno: ¿la Corte Constitucional juega a la obstrucción?

En el programa Políticamente Correcto, los panelistas Hernán Salgado, Ana Karen Gómez y Napoleón Santamaría debatieron si el proceder de la Corte Constitucional sobre los decretos - ley enviados desde el Ejecutivo son o no los correctos.

El martes 6 y jueves 8 de junio, la Corte Constitucional (CC) analizará los dos decretos-ley enviados por el presidente Guillermo Lasso y definir si entran o no a regir de inmediato. Dichos instrumentos apuntan a una reforma tributaria y a un marco legal para atraer nuevas inversiones y crear zonas francas en el Ecuador.

Si bien la muerte cruzada, que facultó al presidente Lasso cerrar la Asamblea y convocar a elleciones anticipadas, disminuyó su tiempo de gobierno. Por ello, según los panelistas, los jueces constitucionales deberían apresurar el paso.

El extitular de dicha Corte, Hernán Salgado, aseguró que los magistrados deben agilizar los procesos de control sobre la reforma tributaria y el decreto de inversiones.

Para Salgado, está de más que la Corte Constitucional convoque a audiencias públicas, incluso bajo la fórmula del ‘amicus curiae’ y querer debatir el grado de urgencia económica de los decretos-ley de Lasso. “Solo el Presidente tiene la potestad para decidir la urgencia económica de un decreto. Si él lo dice, entonces será así y punto”, señalo el exjuez.

La constitucionalista, Ana Karen Gómez está a favor del proceder de la Corte, pues asegura que los ‘amicus curiae’ pueden servir de guía al pronunciamiento de los jueces.

Sin embargo, aclara Gómez, sus puntos de vista no son de obligatorio complimiento. Gómez opina que todos los decretos-ley deben tener un procedimiento similar. Por lo tanto, la Corte Constitucional analizará de igual manera la Reforma Tributaria como el decreto-ley de Inversiones.

“Este es un ejemplo de cómo la Corte va a tratar las demás reformas, pero sí deben ir más deprisa”.

Vea el programa completo, aquí.

Napoleón Santamaría, abogado especialista en temas tributarios, piensa que el decreto-ley de Inversiones será más complicado de evaluar que la Reforma Tributaria. Sin embargo, expone que tanto los magistrados como el Estado deben apresurar los decretos en un momento tan incierto para la economía del país.

Según Santamaría, Ecuador podría cerrar este 2023 con un déficit fiscal superior a los $5.000 millones. Por lo que aumentar la velocidad en el análisis de cada decreto podría solventar los problemas económicos, antes de que la nueva Asamblea Nacional pueda nuevamente intervenir.

“El país necesita reactivar su economía y la Corte Constitucional no debe ser una traba”, dice Santamaría.

Gómez asegura que el estricto control de la Corte Constitucional ante los decretos de Guillermo Lasso es positivo. El visto bueno de los jueces impedirá que el siguiente parlamento busque derogar esas reformas con facilidad y sin sustentos específicos.

Sobre las denuncias de presunto plagio en la tesis de grado de la fiscal general Diana Salazar, Hernán Salgado criticó con fuerza el actuar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

“No se olviden, ecuatorianos, que Alembert Vera fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo y ahora es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, enfatizó Salgado.

Según indica Salgado, ni el Cpccs ni el Consejo de la Judicatura pueden destituir del cargo a la fiscal. Además, Salgado se ofreció a examinar la tesis de Salazar para verificar si realmente hubo plagio.

“Ahora todos están complotados contra la Fiscal General. Wilman Terán debe tener mucho cuidado, está actuando con actitudes demenciales y eso no es posible”, expuso el exjuez de la Corte Constitucional.

Asimismo, tanto Santamaría como la constitucionalista Gómez, están de acuerdo en que ambas instituciones se han saltado las normas “para tomarse atribuciones que no son de su competencia”.

Sin embargo, señalan que la Corte Constitucional no puede interferir en la nueva pugna de poderes que nació luego de la muerte cruzada.

Ecuador tendrá que esperar hasta diciembre para verificar si la crisis institucional, que persigue al país desde 2021, se solventa por completo con la elección del nuevo Presidente.