De Izquierda Democrática depende el juicio político contra el Consejo de la Judicatura

Este 22 de agosto de 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea presentará el informe respecto al juicio político contra el Consejo de la Judicatura (CJ), sin embargo, independientemente del resultado, la decisión está en manos del Pleno.

Extraoficialmente se conoce que el informe recomendará el archivo del juicio político, sin embargo el documento termina siendo letra muerta, porque cada bancada debe tomar una postura.

Las posiciones claras vienen de UNES, la bancada que pidió que se tramite el enjuiciamiento, a través de la legisladora Viviana Veloz; y del Partido Social Cristiano, el asambleísta Luis Almeida confirmó en Políticamente Correcto que respaldarán el juicio contra el presidente del CJ, Fausto Murillo, los consejeros Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como la expresidenta María del Carmen Maldonado.

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El oficialismo y algunos asambleístas independientes también tienen el panorama claro: no respaldar el juicio. Por ejemplo, el presidente de la mesa encargada del control político, Fernando Villavicencio, dijo que la intención detrás de la destitución de esas autoridades es "tomarse la justicia".

Principalmente depende de la Izquierda Democrática (ID). Los disidentes de esa bancada se inclinan hacia el enjuiciamiento, así como la mayoría de los rebeldes de Pachakutik.

Dalton Bacigalupo dijo la mañana de este 22 de agosto que no hay los votos para concretar la destitución, dejando ver que la ID no se sumará a esa cruzada.

No obstante, otras voces al interior del partido prefieren ser más cautas e indican que todavía necesitan tomar una decisión en conjunto y que tienen previstas unas próximas reuniones para delimitar posturas.

Luego del trabajo de la mesa de Fiscalización, el presidente de la Asamblea tiene cinco días para incorporarlo en el orden del día. Hay dos opciones que se podrán mocionar: acoger y ratificar el informe o no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio.

Si se da paso al juicio, en cinco días adicionales, el Pleno debatirá la censura y destitución de los funcionarios, quienes también tendrán su derecho a la defensa en un plazo de dos horas.