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Daniel Noboa y Lasso intercambian mensajes por el nombramiento del Superintendente de Datos
Noboa pidió que no haya contrataciones de última hora porque las investigará.
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Composición de Lasso y Noboa( )
El presidente electo Daniel Noboa señaló la mañana de este martes 14 de noviembre que el gobierno saliente, que es presidido por Lasso, está realizando "gestiones en el CPCCS para nombrar, entre gallos de media noche, a un nuevo Superintendente de Datos". El Primer Mandatario le respondió.
Además, Noboa hizo un pedido para que no se efectúen contratos o nombramiento de última hora. "Todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado", resaltó.
LEA: El presidente Lasso envió una nueva terna para la Superintendencia de Datos
Por su parte, Lasso le respondió que su Gobierno no realiza gestiones de última hora, sino que gobierna y lo hará hasta el fin de sus funciones.
"Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva, el 20 de octubre del 2023. Eso es todo. Sin trampas ni apuros", explicó.
El intercambio de mensajes se produce a minutos de que ambos se reúnan para participar en una reunión del Consejo de Seguridad (Cosepe) en el Palacio de Carondelet.
Lasso envió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación del Superintendente de Datos.
En esa terna está el nombre de Vianna Maino, quien actualmente, y desde el inicio del gobierno, se desempeña como ministra de Telecomunicaciones.
La terna la completan Dennis Marín, exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y a la abogada María Alexandra Maldonado Navarro.
La Superintendencia de Datos se encarga de hacer cumplir la Ley de Protección de Datos, vigente desde el 26 de mayo de 2021. A partir de esa fecha, las empresas contaron con un plazo de dos años para implementar medidas que protejan la información de los usuarios.
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