Cuatro años de impunidad tras secuestro de Javier, Paúl y Efraín

Los últimos cuatro años han sido de incertidumbre para los familiares del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por las disidencias de las FARC en el localidad de Mataje, frontera con Colombia.

Este 26 de marzo del 2022 se cumple un aniversario más de ese hecho y en la cuenta de Twitter @nosfaltan3 se habla de impunidad e indolencia de parte de las autoridades gubernamentales frente a lo que pasó. “Este tiempo ha sido muy duro y difícil (...), perder a un hijo no tiene explicación. Mi soldado periodista ya no está y eso es lo duro de explicar, está presente en mi mente y corazón, pero él ya no existe”, dijo Galo Ortega, padre de Javier, a Ecuavisa.com la tarde de hoy.

Lamentó la indolencia de las autoridades que desde el inicio le defraudaron y engañaron. Pese a las trabas, Ortega afirmó que continuará en la lucha para que se conozca la verdad porque los integrantes del Comité de Crisis, implementado por el presidente Lenín Moreno para tratar el secuestro de los periodistas, “no sabía en donde estaba parado” y hasta ahora nadie les ha dado respuestas.

Aseguró que los deudos de Javier, Paúl y Efraín conocen lo que ha pasado gracias a las investigaciones periodísticas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Lo único que ha sido importante es que hemos podido rescatar los cuerpitos de los tres. Eso ha sido lo importante porque porque al momento de no tenerlos fue una incertidumbre, fue un golpe más de sufrimiento”.

Recordó que uno de los momentos más dolorosos en los últimos cuatro años fue enterarse que el procurador de la República, Íñigo Salvador, viajó a Washington a pedirle a la CIDH que levante las medidas cautelares a favor del equipo de prensa de EL COMERCIO y concluya con la indagación del secuestro antes del 31 de diciembre del 2018. Esas personas no son gratas –acotó- porque “nos lastimaron en el fondo del alma”.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, ha realizado una serie de trámites que han resultado infructuosos. Por ejemplo, en julio del 2021 envió junto a los deudos una carta al presidente Guillermo Lasso para solicitarle una reunión y hasta ahora no les ha contestado.

Cuestionó el trabajo de la Fiscalía ya que en estos cuatro años les han cambiado cuatro veces de fiscal sin obtener resultados porque el caso se mantiene en etapa de indagación previa.

También presentaron, en la Corte Constitucional (CC), una demanda de desclasificación de información reservada de las actas 18, 19 y 20. Estas son las tres reuniones que mantuvo el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), máximo organismo de seguridad del Estado cuyos encuentros son de carácter reservado.

En esos documentos -explicó Rivas- se encuentra el audio difundido por un medio digital, en diciembre del 2018, en el que el expresidente Lenin Moreno dijo: “Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.

Y agregó: “Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones...”.

Una vez que esa grabación fue difundida, el Gobierno de Moreno aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “El audio ‘filtrado’ corresponde a la sesión 20 del Cosepe, realizada el 17 de abril del 2018, días después de conocer el asesinato de los periodistas del Diario EL COMERCIO”, enfatizó la Presidencia de laRepública.

No obstante – para Rivas - es imprescindible conocer lo que pasó durante esa reunión del Cosepe, pero el trámite lo hicieron a mediados del año pasado en la CC y hasta ahora no ha sido calificado.

Ahora, los allegados de Javier, Paúl y Efraín pidieron al Gobierno que los escuche y su caso no termine en la impunidad. En el transcurso de este día, varias organizaciones de derechos humanos se han pronunciado y recordaron lo que pasó el 26 de marzo del 2018 cuando el equipo de EL COMERCIO llegó a Mataje para investigar hechos de violencia y narcotráfico.

En la cuenta @nosfaltan3 se resaltó que el actual Régimen ha faltado a su palabra de desclasificar la información contenida en las actas del Cosepe porque no acogió las recomendaciones que la CIDH le hizo al Estado. Los allegados de las víctimas aseguran que no descansarán hasta que se haga justicia en este caso.