El Gobierno no ha afrontado la situación energética como una crisis de Estado

La crisis energética en Ecuador ha afectado gravemente al país, pero el Gobierno Nacional no ha afrontado la situación como una crisis de Estado. Hasta el momento, no se ha conformado un gabinete o comité especial para coordinar con el sector productivo y la sociedad.

En lugar de una respuesta integral, la Administración de Daniel Noboa ha delegado a Inés Manzano, ministra de Energía encargada, la vocería sobre el tema, mientras el jefe de Estado evita pronunciarse directamente sobre la situación.

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Para miles de ciudadanos, esta crisis energética es mucho más que una simple afectación temporal. El impacto económico se siente con fuerza diariamente. La falta de luz ha provocado la pérdida de empleos y ganancias. Para muchos, lo que están viviendo es una catástrofe financiera que deja al país en un estado de vulnerabilidad, mientras que el Gobierno continúa refiriéndose al problema como una consecuencia del cambio climático. Algo que, según ellos, no está bajo su control.

El discurso oficial, que ya lleva casi un año en uso, sigue siendo el mismo: el actual Gobierno no es responsable de la crisis, sino aquellos que administraron el país anteriormente y no tomaron las medidas necesarias para evitarla. "Estamos buscando soluciones y lo lograremos", repite la narrativa gubernamental. Sin embargo, los apagones continuarán por lo menos hasta diciembre, según ha reconocido la Manzano, titular de la cartera de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y que desde la semana pasada a cargo de la de Energía y Minas.

Ella ha asumido el rol de portavoz de la crisis. Se ha convertido en el rostro visible de la situación que el jefe de Estado prefiere no abordar públicamente.

Esta estrategia, de poner a los ministros como voceros de crisis, no es nueva para el régimen. Lo hizo primero con la exministra de Energía, Andrea Arrobo, a quien incluso se denunció por sabotaje en el sector eléctrico.

Luego con Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien también estuvo a cargo de la cartera de Energía por un periodo. Él enfrentó su propia polémica por la contratación de una barcaza.

Posteriormente, el vocero fue el exministro de Energía, Antonio Goncalves, quien renunció tras su aparición en un informe grabado.

Lo que se observa detrás de estos representantes es la falta de una estructura política que los respalde o acompañe en la gestión de la crisis. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha convocado a un gabinete o comité de crisis que permita un diálogo con los actores del sector productivo, quienes han sido los más perjudicados, ni ha ofrecido a la sociedad una explicación clara y oportuna de lo que realmente está ocurriendo.

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Los errores de comunicación del Gobierno han empeorado la situación. Promesas como la del ministro de Gobierno, Arturo Félix, quien aseguró que los apagones no volverían a suceder, y afirmaciones erróneas del exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, sobre la hidroeléctrica Mazar, han mermado la credibilidad del régimen. Estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, han generado confusión y descontento entre la ciudadanía.

En términos de gestión política, la única acción concreta que ha tomado el Gobierno en respuesta a la crisis eléctrica ha sido el cambio del gerente de Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, quien fue trasladado al Viceministerio de Electricidad para brindar soporte técnico a la ministra Manzano. Este movimiento, aunque necesario, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema, y es el único recurso técnico del que dispone la ministra en este momento.