Cpccs tramitará la designación de un nuevo 'Super' de Bancos, a pesar de medidas cautelares

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, no ve contradicción en los pronunciamientos de los jueces de Samborondón y Yaguachi que se pronunciaron respecto a la designación de Raúl González como superintendente de Bancos. En el primer caso se otorgó una acción de protección que suspende su designación; en el segundo lo ratifica en el cargo.

Bajo su criterio, únicamente cabe acatar la sentencia en primera instancia otorgada por la jueza Larissa Ibarra de Samborondón. Indica que no se pueden "dictar medidas cautelares en contra de decisiones judiciales".

Con base en esa interpretación, el Consejo de Participación Ciudadana procederá a tramitar la designación de un nuevo Superintendente de Bancos, desconociendo a González y aceptando la terna enviada por el Ejecutivo, el pasado 6 de agosto de 2022, mientras se resuelva la apelación en segunda instancia.
Por lo tanto, el Cpccs procede a integrar el equipo técnico que analizará la documentación de los postulantes.

En Contacto Directo, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira mostró una interpretación diferente. La institución a la que pertenece es la encargada de posesionar al nuevo funcionario, titular de la Superintendencia de Bancos.

Dijo que es necesaria la intervención de la Corte Constitucional (CC) para aclarar la diferencia entre las dos sentencias.

Los abogados constitucionalistas Ximena Ron y Emilio Suárez coinciden en que deberá intervenir la CC, siempre que se hayan agotado todos los recursos de primera y segunda instancia.

"Eso no debería ocurrir", dice Ron respecto a que exista una contradicción de los jueces. Sin embargo, si persiste ese criterio en los siguientes puntos de los procesos, entonces deberá intervenir una interpretación superior que incluso podría ser diferente a las dos ya planteadas.

Suárez, en cambio, observa errores en los procesos desde la carencia de mérito para ser tramitados por un juez. Desde su lectura, este es otro caso en el que se intenta utilizar la justicia con fines políticos.

En un comunicado del Cpccs, indican que respetan la interpretación que realice la Asamblea Nacional.