El Cpccs ratifica la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos
La institución notificará a la Asamblea para la posesión de Romero en el cargo.
- Imagen de archivo de Roberto Romero, durante la presentación de su plan de trabajo.( )
Roberto Romero fue ratificado como Superintendente de Bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La tarde del 17 de mayo, el organismo resolvió poner en vigencia la resolución de su designación.
Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, informó en un video que la decisión se tomó en respuesta a las peticiones ciudadanas de que el organismo resuelva la "situación pendiente" en la Superintendencia de Bancos.
Señaló que entre las competencias del Cpccs es "factible emitir actuaciones que no afecten ni perjudiquen las causas Constitucionales en trámite". Y agregó que notificará a la Asamblea Nacional para que Romero sea posesionado en el cargo.
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La posesión se realizará después de más de un año de la designación de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos.
Luego de analizar el informe jurídico sobre la Resolución 041 del 2023, el Pleno del #CPCCS resolvió poner en vigencia la resolución de designación del Ec. Roberto Romero como Superintendente de Bancos. En consecuencia, notificará a la @AsambleaEcuador para su debida posesión en... pic.twitter.com/MMrPmPnjOv
— Participa Ecuador (@CpccsEc) May 17, 2024
El anterior Cpccs desconoció a Romero como superintendente
En marzo de 2023, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces decidieron echar abajo lo definido por los anteriores vocales. Esto debido a que fueron destituidos por la Corte Constitucional por no nombrar a tiempo al presidente del Consejo de la Judicatura.
En esa fecha, Roberto Romero envió una carta al anterior presidente de la Asamblea, Iván Saquicela, en la que le advirtió que él estaba legalmente designado como Superintendente de Bancos y lo conminaba a posesionarlo en el cargo, como lo dispone la Constitución.
Romero von Buchwald explicó que los vocales no tenían atribución de desconocer lo ya resuelto en procesos de selección, que concluyeron con la designación de autoridades.
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