El CPCCS, una institución con presidentes envueltos en polémicas

La agenda política nuevamente pone su mirada sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta vez por las actuaciones de su presidente Alembert Vera, quien acogió la orden de un juez de Manabí para conformar una veeduría que evalúe la actuación del Consejo Transitorio entonces presidido por Julio César Trujillo (+) en 2018.

Vera, exabogado personal del expresidente Rafael Correa, fue diligente con esta orden judicial e incluso invitó a la ciudadanía "que se ha visto perjudicada por el Trujillato" para conformar la veeduría.

No obstante, la respuesta de la Corte Constitucional, de hacer un seguimiento al dictamen interpretativo de 2019 en el que blindó lo actuado por el Cpccs-t, frenó las intenciones de Alembert Vera para continuar con esta veeduría.

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El CPCCS emitió un comunicado el martes 5 de septiembre en el que responsabiliza a una oficina de la propia institución. Asimismo pidió a la Corte Constitucional que dicte jurisprudencia sobre el alcance que tiene la decisión del juez de Manabí, pues existiría una presunta contradicción.

Pero Alembert Vera no ha sido el único presidente de esta institución que se ha visto envuelto en polémicas. Hay al menos cuatro exfuncionarios que ocuparon ese cargo y que en su momento acapararon la atención por sus actuaciones.

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Llegó a la presidencia del CPCCS en 2019 y fue cercano al correísmo. Era cura y tenía un Máster en Teología por la Universidad de Salamanca.

Tuárez también intentó un evento similar al de Vera. Junto a los consejeros, de tendencia en su mayoría correísta, intentaron la conformación de una comisión especial para revisar la actuación del Consejo de Participación Transitorio.

José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez fueron llamados a un juicio político en la Asamblea y el 14 de agosto del 2019 fueron destituidos.

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Los asambleístas Jeannine Cruz (Creo), Raúl Tello (BIN) y Fabricio Villamar también le acusaron de falsificar documentos para participar de la contienda electoral del 24 de marzo del 2019 para llegar al Cpccs.

Ya destituido no quedó libre de polémicas pues posterior se conoció que ofertaba cargos públicos a cambio de dinero y piedras preciosas. Por este caso recibió una condena de cinco años de cárcel. La Fiscalía explicó que Túarez usaba su cargo en el CPCCS para ese ilícito.

Después del cura Tuárez le siguió en la presidencia del CPCCS, Christian Cruz. Él también fue llevado a juicio político por la Asamblea Nacional por supuestamente arrogarse funciones y haber obtenido de forma fraudulenta un carné de discapacidad.

Dicho carné de discapacidad indicaba que tenía una discapacidad visual y auditiva del 81%, algo que fue muy cuestionado pues él practicaba artes marciales.

Cruz aseguró que su carné no fue obtenido de forma ilegal, no lo aprovechó para exonerarse de impuestos y que tampoco lo usó para llegar al CPCCS.

A la final fue destituido el 13 de octubre del 2020 con 124 votos a favor.

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Después de Cruz le siguió como titular del CPCCS la consejera Sofía Almeida, también cercana al correísmo.

Ella usó herramientas para suspender en 26 ocasiones las sesiones del Pleno, lo que provocó la inacción del organismo para la selección de autoridades. Para justificar las suspensiones dijo que, por ejemplo, no había Internet, que no había condiciones para continuar la sesión o que había discusiones.

No obstante, el 9 de febrero del 2022 los consejeros se convocaron en una sesión extraordinaria para destituir a Almeida y posesionar en su lugar a Hernán Ulloa, cercano al oficialismo.

Ambos protagonizaron constantes pugnas por la presidencia del CPCCS hasta que todos los consejeros, ellos incluidos, terminaron destituidos en enero del 2023.

La decisión fue tomada por la Corte Constitucional por no acatar su sentencia de nombrar a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

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