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¿Por qué la Corte Constitucional bloquea iniciativas de desarrollo productivo para el país?
Tres de cuatro decretos ley económicos fueron rechazados por la Corte Constitucional. Especialistas coinciden en que esta no actúa de acuerdo a la situación que vive el país.
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La Corte Constitucional determinó que tres de los cuatro decretos ley enviados por el presidente Guillermo no cumplen con el carácter de económico urgente. ( )
El manejo del país tras el decreto de muerte cruzada ha presentado varios retos para el presidente Guillermo Lasso. A los problemas de inseguridad, narcotráfico, salud, vialidad y otros temas sociales, se suma la imposibilidad de gobernar bajo decretos ley que, según la lógica del Gobierno, buscan la reactivación productiva. De los cuatro instrumentos enviados, tres han tenido el dictamen negativo del único ente rector en la actualidad: la Corte Constitucional, según determina el artículo 148 de la Constitución de la República.
"Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo" .
Desde el 17 de mayo, el Ejecutivo envió a esta institución cuatro iniciativas: la reforma a la Ley Tributaria, la creación de Zonas Francas, la Condonación de Créditos Educativos y la Ley de Reestructuración de Empresas. No obstante, solamente el decreto tributario fue aceptado. A decir del analista político y docente, Cristian Carpio, se debió a la presión social.
"La reforma a la Ley Tributaria tuvo una gran acogida por la población y un gran respaldo porque representa un alivio económico para muchas familias. Y puede que los otros tres proyectos también, pero son especializadas en grupos específicos y popularmente había menos presión sobre la Corte", explica.
Protagonismo de la Corte Constitucional
Para Carpio, la Corte ha tomado un protagonismo que se esperaba porque es lo que dispone la Constitución. Sin embargo, parecería que "no se ha dado cuenta del impacto a nivel político que tienen sus decisiones y que ya hay incidencias porque genera mayor incertidumbre".
Otro criterio señala una falta de comprensión de las necesidades económicas y sociales del país. María Paz Jervis, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) considera que:
"Con estas últimas decisiones se afecta a la recaudación tributaria, el ingreso de divisas al país, la generación de empleo y se restan recursos para atender los problemas sociales que tanto nos preocupan en el Ecuador".
Según el especialista en Derecho Constitucional, Xavier Palacios, hay una contradicción por parte de la Corte Constitucional pues rechazó las propuestas alegando, entre otras cosas, que no se trata de urgencias económicas, como determina la Constitución. Esto, a pesar que ese criterio también se aplicaría para la reforma a la Ley Tributaria que sí fue aceptada.
El Gobierno defendió que con la ley para Créditos Educativos, más de 10 mil familias se beneficiarían al eliminar las coactivas que se iniciaron en su contra. Palacios considera que en este punto radica la contradicción de la Corte, pues la urgencia económica que benefició al 98% de los contribuyentes al SRI, también debería funcionar para apoyar a los estudiantes y sus familias con créditos vencidos.
Además, el Presidente ya tuvo un bloqueo importante desde la Asamblea Nacional mientras estuvo en funciones, por lo que, según Cristian Carpio, el Primer Mandatario esperaba mayor receptividad de la Corte. "Ahora se dio cuenta que no tiene respaldo, hay falta de legitimidad", dice el analista. Y considera que la actuación del organismo deja políticamente expuesto a Lasso "porque no avalan sus propuestas".
Esto no solo por el rechazo hacia los decretos ley, sino también a la negativa hacia la implementación del acuerdo comercial con Costa Rica y la suspensión provisional de las consultas ambientales sobre actividades extractivas.
Suspensión de consultas ambientales
Este 1 de agosto, la Corte Constitucional admitió una demanda planteada el pasado 13 de julio por la Confederación de nacionalidades indígenas (Conaie) y suspendió provisionalmente el decreto para realizar consultas populares sobre actividades extractivistas.
Lea: Corte Constitucional suspende decreto que reglamenta el Código del Ambiente y paraliza 150 proyectos
Esta decisión paraliza el desarrollo de los proyectos mineros La Plata, en Cotopaxi, y El Domo, en Bolívar. Y constituye otra contradicción de la Corte Constitucional, luego que el pasado 9 de mayo de 2023 aprobara, con voto de mayoría, que se realice la consulta popular sobre las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní.
"En las últimas horas, el riesgo país ya superó los 2.000 puntos y eso nos limita a acceder a financiamiento internacional que por ejemplo podríamos necesitar para hacer frente a la emergencia del Fenómeno de El Niño", dice María Paz Jervis sobre la actuación de la Corte.
Además detalla que "suspender el tema de las consultas detiene a su vez la entrega de licencias ambientales para ejecutar proyectos de inversión pública y privada. Concretamente se está afectando la ejecución de más de 100 proyectos que representan más de USD 1.000 millones".
Por otro lado está el tiempo que se ha tomado el organismo para emitir dictámenes de los proyectos enviados. En las primeras propuestas, la Corte se tomó cerca de un mes para emitir un dictamen. Esto, a poco menos de cuatro meses de que finalice el gobierno, significa un impedimento para gobernar.
Xavier Palacios recuerda que el presidente Guillermo Lasso enviará una nueva propuesta para enfrentar al Fenómeno de El Niño, que impactará al Ecuador en los próximos meses. Por ello, si el presidente envía el decreto ley "se espera que actúen con la celeridad necesaria".
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