La Corte Constitucional cuestionó por qué el CPCCS no apeló el fallo del juez que ordenó la creación de una veeduría

La Corte Constitucional (CC) realizó pasadas las 10:00 de este lunes 25 de septiembre del 2023 una audiencia pública para verificar si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vulneró un dictamen de la CC que blinda las actuaciones del Consejo Transitorio.

Lo que se revisó es si los consejeros incumplieron con este al seguir con la conformación de una veeduría que busca revisar lo realizado por el Transitorio.

También se verificó si se incumplió ese dictamen al revisar la designación de la fiscal Diana Salazar, pues la abogada fue posesionada por el Transitorio. En julio de 2023 se revisó si hubo un plagio de la tesis de la Fiscal.

LEA: El Cpccs en la cuerda floja: cuatro elementos a considerar en la evaluación que hace la Corte Constitucional

Este fue el primer punto de análisis en el que participó la fiscal Salazar y su abogado José Luis Arcos, quienes pidieron la destitución de Alembert Vera.

"En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la Ley, a través de la destitución y sanción de todos quienes, con sus actuaciones, la han pisoteado", expresó Salazar.

Luego tomó la palabra Alembert Vera, quien desde el CPCCS dijo que no hay ninguna conducta que se encamine a contradecir dicho dictamen.

"No se ha violentado o incumplido este dictamen interpretativo, ni siquiera ha existido ninguna actuación tendiente a ello", exclamó Vera.

"No ha existido intención de destituir a nadie, como han afirmado medios de comunicación o algunos consejeros", añadió y también negó que haya habido intención de deslegitimar a la fiscal Salazar.

LEA: Corte Constitucional convoca a una audiencia pública al CPCC por el tema de la veeduría

La consejera Nicole Bonifaz dio una breve introducción, pero cedió su defensa a su abogado Santiago Terán Noboa. Él, referente al cargo de la Fiscal, explicó que solo dieron paso a escuchar a la ciudadanía referente a un presunto plagio de Salazar, pero que ello no supone tomar ninguna resolución.

Y agregó que en cuanto a la votación para la revisión del cargo de la fiscal Salazar, Bonifaz se pronunció en abstención.

En representación de los consejeros actuó el abogado Óscar Zuñiga, quien señaló que sus representados no actuaron en la revisión del dictamen, ni por "acción ni por omisión", tanto en la revisión del puesto de la fiscal Salazar como en el paso a una conformación de veeduría.

El jurista sí señaló que han incumplido el dictamen los consejeros Vera, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos y Augusto Verduga.

La consejera Verdezoto también recurrió a su abogado, Stalin Raza, para su defensa, quien argumentó que su defendida solo dio paso para escuchar al colectivo Acción Jurídica Popular, además que votó a favor de que se remita información sobre un presunto delito de tráfico de influencias, no en la designación de la Fiscal, aseguró.

El consejero Verduga sí usó su tiempo para defenderse por sí mismo. Se mostró enfático en decir que no ha habido por parte del CPCCS ninguna revisión y menos incumplimiento al dictamen que revisa la Corte Constitucional.

Verduga coincidió con el abogado Raza y explicó que, en el tema de la Fiscal, se dio paso a una solicitud de audiencia pública y para que se remita información sobre un presunto delito de tráfico de influencias.

"Se está confundiendo revisar unos papeles con la revisión de un acto administrativo. Y no es el caso", puntualizó.

El abogado Gregorio Zambrano se encargó de defender a la consejera Saltos. En resumen, dijo que su clienta no incurrió en una revisión al puesto de la fiscal Salazar.

Ismael Merizalde, del departamento jurídico del CPCCS, dijo que una vez que recibió la sentencia del juez de Montecristi, Leiver Quimís, para conformar una veeduría que evalué las actuaciones del Consejo Transitorio, se procedió a analizar el caso y se remitió al jurista que esa conformación tiene sus límites.

Asimismo, agregó que no apelaron el fallo del juez Quimís porque ya lo hizo la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, Gary Núñez, de la subcoordinación de Control Social del CPCSS, expuso que la veeduría ciudadana no está conformada, que es el paso que se necesita para conocer el caso, en este contexto, el de la revisión del Transitorio.

Refirió que usualmente se reciben solicitudes de veedurías, pero no todas llegan a su fase final para un análisis.

El proceso de veeduría por este caso continúa, aclaró.

El presidente del CPCCS recordó que pidió a la CC cuándo deben cumplir dictámenes de jueces, referente al fallo del juez Quimís que ordena la creación de la veeduría.

En caso de no cumplir esa orden los pueden investigar penalmente, dijo Vera.

Y dijo que otros consejeros ya han sido destituidos por no acatar un fallo judicial. Nuevamente, recalcó que la veeduría no está conformada.

LEA: Mishelle Calvache presenta una denuncia contra Alembert Vera y otros consejeros del Cpccs por fraude procesal

Su abogado dijo que Bonifaz no ha participado en la conformación de la veeduría y que tampoco sabía del proceso del mismo, pues no fue notificada.

Y cuestionó que el coordinador jurídico no haya apelado el fallo del juez Quimís, porque representa los intereses del CPCCS.

El abogado Santiago Terán dijo que Bonifaz hizo un pedido para que se frene la conformación de esta veeduría, pero no recibió respuesta.

"Mi defendida no ha participado en ningún acto conducente para contravenir el dictamen", sentenció.

El abogado Zúñiga recordó que tanto Calvache como Fantoni se mostraron contrarios a la conformación de la veeduría.

Refirió que hubo un incumplimiento del dictamen de la Corte por parte del juez Quimís y que este ha sido coadyuvado con el presidente Vera.

"Existe vulneración jurídica flagrante por una acción inejecutable", acotó y pidió la destitución de los consejeros involucrados.

LEA: Alembert Vera: Ramiro Ávila espera que la Corte Constitucional resuelva el caso antes del 15 de octubre

Su abogado dijo que Verdezoto también desconocía del proceso de la conformación de la veeduría. Y tras enterarse, rechazó el proceso y recordó en una audiencia del Pleno que esta no fue aprobada en consenso.

Asimismo, ella pidió que en una reunión del Pleno que se agregue un punto del día para el archivo de esa veeduría. Dicho pedido no fue incorporado en esa reunión, pero está latente para un próximo encuentro, dijo el abogado.

El consejero recordó que la conformación de la veeduría viene desde una petición ciudadana. Pero resaltó que ese proceso no implica la revisión de lo actuado por el Transitorio, por lo que no hay un acto administrativo que vulnere el dictamen de la Corte Constitucional.

Además, dijo que la ciudadanía sí puede revisar lo actuado por el Consejo Transitorio que era presidido por Julio César Trujillo.

Su abogado citó normas, leyes y elaboró largas explicaciones jurídicas para sostener por qué su defendida se pronunció a favor de seguir con el proceso de la veeduría ciudadana.

LEA: El CPCCS tendrá nueva mayoría en caso de una eventual destitución de sus consejeros

Una de las últimas intervenciones fue la del juez de Montecristi, Leiver Quimís, quien explicó cómo resolvió la acción de protección pedida por una ciudadana para la conformación de una veeduría.

Él explicó que su sentencia tenía los respectivos recursos, como la apelación, tal y como ya sucedió.

Y agregó que el CPCCS no apeló su fallo, sino que el organismo se adhirió a la apelación de la Procuraduría General del Estado.

Los nueve jueces de la Corte Constitucional analizarán los descargos presentados en esta audiencia, que duró más de tres horas, y se pronunciarán en días posteriores.

Esa fue la pregunta del presidente de la Corte, Alí Lozada, a Alembert Vera. Tras dar esquivas, y repreguntas de Lozada, el titular del CPCCS dijo que no está de acuerdo con la conformación de la veeduría, pero acató el fallo porque es respetuoso de las leyes y ordenamientos jurídicos.

"La postura institucional ha sido que no se dé paso a la veeduría, respecto a la posibilidad de que exista una violación al fallo del dictamen".

Y, ¿por qué no apelaron de manera verbal? Porque había una defensa conjunta con la Procuraduría, aseguró Vera.