El correísmo busca impedir la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta
La mañana de hoy, 20 de septiembre de 2023, se presentó una acción de protección con medidas cautelares. El exministro acudirá a la justicia ordinaria para responder la demanda.
Este miércoles 20 de septiembre de 2023, varios legisladores electos por la Revolución Ciudadana (RC 5) presentaron en la Unidad Judicial Norte de Quito una acción de protección con medidas cautelares.
Aseguran que el exministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, electo asambleísta nacional por el movimiento Construye, está inhabilitado para ejercer el cargo porque fue censurado con 105 votos a favor por el cesado Parlamento, en febrero de este año, acusado de incumplimiento de funciones.
"Las medidas cautelares son una medida eficaz, inmediata, porque el 15 de octubre ya tenemos elecciones en el extranjero, en donde Carrillo repite su candidatura", manifestó la asambleísta electa Jhajaira Urresta Guzmán.
La respuesta de Carrillo y los legisladores electos por el movimiento Construye fue inmediata. Acudirán a la justicia ordinaria para responder la demanda con argumentos. Entre ellos: la calificación de su candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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Convocatoria a Medios🇪🇨 | Patricio Carrillo no podrá posesionarse como Asambleísta.
— Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) September 19, 2023
🗓️ 20/Septiembre
⏰ 10h00 pic.twitter.com/SswoSgrsHB
"Ecuador merece justicia, democracia y respeto a los Derechos Humanos. Ojalá tuvieran la misma fuerza para pedir a aquellos prófugos, a quienes no han devuelto en sentencia lo que les corresponde y se presenten en el país", dijo el excomandante de la Policía Nacional.
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Haremos respetar la voluntad de millones de Ecuatorianos.
— Construye_Ecu (@Construye_Ecu) September 20, 2023
No permitiremos que los intereses delictivos del correísmo, ensucien la decisión de un pueblo valiente.#Construye25 #PatricioCarrillo pic.twitter.com/wOR5jcaJGq
Señalaron que existe jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho de participación electoral. "Hace una clara diferenciación entre cargo público y de elección popular. No se trata de precautelar solamente los derechos del general Carrillo, su derecho legítimo ganado en las urnas a posesionarse como legislador nacional, sino el derecho de las 1,7 millones de electores que consideraron su voto a favor".
Además -para la defensa de Carrillo- la certificación del Ministerio de Trabajo, del pasado 24 de agosto, sobre el impedimiento para que pueda ejercer un cargo público, no tiene validez por tratarse de un cargo de elección popular.
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