El correísmo va contra la fiscal Diana Salazar por tercera ocasión en este año

El expresidente Rafael Correa hizo pública la prioridad de su bancada en el próximo periodo legislativo: enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar. Ese es el tema crucial para lograr los acuerdos en la conformación de una mayoría y se convierte en el tercer intento para suspender o destituir a la funcionaria en este año, todos impulsados por personajes afines al correísmo.

El rumor de que los votos en la Asamblea se condicionan por el respaldo al juicio político contra Salazar se confirmó cuando el asambleísta electo del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle, quien busca la Presidencia del Parlamento, hizo una publicación en su cuenta de X negando que ese tema se incluya en las negociaciones.

Correa le respondió diciéndole que mentía porque sí es parte de la agenda que la Revolución Ciudadana les ha planteado. Kronfle hizo otra publicación aclarando que el juicio político no ha estado ni está en su agenda.

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En el mensaje publicado por Correa promete que sí se dará el juicio: "lo vamos a hacer", pero concretarlo será complejo luego de declaraciones de varios frentes que se niegan a impulsar esa fiscalización.

Presentar las firmas para iniciar el proceso no será difícil porque con las de la bancada de la RC bastan y sobran, la norma establece que se necesitan 35 consignas. Sin embargo, luego, el trámite debe atravesar otros filtros en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización, donde hay otros procesos estancados y todavía está por verse la conformación, es decir, quién tendrá la mayoría.

Finalmente, el juicio llegará al Pleno de la Asamblea, donde se necesitan 70 votos para censurar y destituir a la Fiscal. Las 19 voluntades adicionales que debería conseguir el correísmo deberían venir de los asambleístas provinciales e independientes, puesto que los bloques conformados de Construye, ADN y PSC ya han dejado claro que no darán sus votos.

El presidente electo, Daniel Noboa, en declaraciones para Infobae, se mostró en desacuerdo con apoyar el juicio político a la Fiscal.

En el mismo sentido se pronunció María Paula Romo, "su agenda es la de la impunidad", dijo sobre el correísmo y añadió que no van a acordar "con los verdugos de Villavicencio".

El Colectivo Acción Jurídica Popular, liderado por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y la abogada Angélica Porras, acusaron a Salazar de haber plagiado su tesis de grado para obtener el título de abogada.

Esas denuncias provocaron reacciones en dos instituciones públicas: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que en ese entonces era presidido por Alembert Vera, parte de la 'Liga Azul' del correísmo; y por el Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo titular, Wilman Terán, ha sido cuestionado por ser cercano al expresidente.

La noche del 29 de mayo de 2023, Diana Salazar alertó que en el CJ se había elaborado un informe en el que se presentaba un examen de admisibilidad a un expediente disciplinario en su contra.

Según la Fiscalía, con ese documento, la Judicatura pretendía arrogarse funciones y "suspender a la máxima autoridad", competencia que le correspondería únicamente a la Asamblea.

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Ese evento ahondó la crisis entre la Fiscalía y la Judicatura, institución que luego acusó al Ministerio Público de "tergiversar la información" y que ese informe solo era un trámite administrativo que se realiza al recibir una denuncia

En el Cpccs, en cambio, se recibió en comisión ciudadana al Colectivo Acción Jurídica Popular y se citó a la Fiscal para que comparezca, cita a la que no acudió y en julio de 2023 ingresó una denuncia contra la funcionaria por supuesto tráfico de influencias, tras la aprobación de un informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción sobre la tesis de la fiscal.

Cuando la Corte Constitucional evaluó al Consejo de Participación Ciudadana por incumplir el dictamen que establece una prohibición para evaluar las designaciones del Consejo Transitorio, también se consideró las actuaciones de los vocales en ese caso, lo que desembocó en la destitución de Vera.

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Hay varios motivos por los que el correísmo busca la destitución de la Fiscal antes de que culmine su periodo.

La principal causa puede ser que logró la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos que dejó a Correa fuera de la política y prófugo, sin pensión vitalicia, con sus bienes embargados y sin derechos de participación. Otra razón puede ser el llamado a juicio por el secuestro del político Fernando Balda, en Colombia, que está en pausa hasta que Correa comparezca a la audiencia.

Pero también tiene causas en curso en contra del exmandatario. Son alrededor de 30 investigaciones penales por delitos como: peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato.

Además, Salazar fue quien como fiscal de primera instancia inició la investigación del caso Odebrecht, la elevó al entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno, y la consecuencia fue que Jorge Glas pierda la Vicepresidencia, sea sentenciado y vaya preso por más de cinco años. Actualmente, tiene libertad provisional, pero podría regresar a la cárcel por otros expedientes que impulsa Salazar.

En los próximos días le formulará cargos por peculado en el caso reconstrucción de Manabí, y lo investiga, también por peculado, por presuntas irregularidades en la contratación de su exasistente, Soledad Padilla, en la Prefectura de Pichincha.