Contraloría confirmó glosas a siete exgerentes de TAME

Manejo político, desorden adminstrativo, técnico y falta de acción de las autoridades fue lo que llevó a la empresa pública TAME a su quiebra. Es lo que determinó la Contraloría que confirmó glosas por 243 millones de dólares contra siete exgerentes que manejaron la empresa entre el 2015 y mayo del 2020.

En el período TAME, llegó a operar 15 rutas internacionales y de ellas, solo por cortos períodos, excepcionalmente alguna ruta arrojó ganancias. Sin embargo las pérdidas se acumularon y llegaron a sumar 110 millones de dólares

Lo mismo sucedió en las 18 rutas nacionales operadas en ese período, de ellas solo la Quito - Guayaquil - Baltra y la Quito - Coca, dejaron alguna ganancia. Pero en el balance final la operación dejó perdidas por 65,1 millones de dólares. Así, en total la pérdida por las operaciones sumó 175 milones de dólares.

Según la Contraloría los gerentes que actuaron en ese período, "no realizaron las acciones para optimizar la gestión y eficiencia de la empresa para que sea autosutentable".

Una vez notificadas las observaciones, Octavio Pérez, Exgerente de TAME, en el gobierno de Lenin Moreno, respondió por escrito a la Contraloría. Explicó las acciones que tomó para cerrar rutas no rentables. "Sin embargo el Gobierno decidió recomendar se mantuvieran algunas por presiones políticas y en otras por mantener la conectividad a pesar de que se mantenían a pérdida, ya que TAME era la única empresa que volaba en esas zonas”.

En cambio, Luis Reyes, quien gerenció la empresa entre el 2019 y 2020, en su respuesta a la Contraloría recuerda que el decreto 760 firmado por el expresidente Rafael Correa reformó los estatutos de TAME estableciendo sus prioridades en la busqueda de rentabilidad social y financiera y por eso es que: "TAME operaba rutas sin competencia, es decir, donde otras aerolineas no prestaban servicio de la operación de rutas".

Con este argumento, Paola Carvajal, quien fue gerente de TAME entre 2015 y 2016 en conversación telefónica dijo que la glosa emitida por la Contraloría no es válida porque no toma en cuenta la rentabilidad social que alcanzó la empresa. Por eso anunció que impugnará la glosa por vía contencioso adminsitrativa.