Consulta Yasuní: A Petroecuador le quedan 11 meses para detener la explotación en el ITT, pero no inicia el proceso para poner fin a la extracción

Ya han pasado más de 30 días desde que se emitieron los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador 2023, en las que los ecuatorianos adicionalmente participaron en una consulta popular que buscaba mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43, localizado en el parque nacional Yasuní.

Con el100% de las actas escrutadas, el Sí ganó en la consulta popular con el 58,95% de los votos, ocasionando así que la explotación petrolera en esa zona del país se detenga luego de la decisión tomada en las urnas el 20 de agosto pasado.

Pero, desmontar y apagar los pozos petroleros del Bloque 43, integrado por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), no estuvo en los planes de Petroecuador, que aún no elabora un plan que le permita en un año desmantelar el campo petrolero como lo determina la Corte Constitucional (CC), al dar paso a la consulta en mayo pasado.

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Es que detener la actividad extractiva que se hace en una parte de una de las zonas más biodiversas del planeta, que busca reducir el impacto a la naturaleza y posiblemente a las comunidades indígenas que habitan el sector, para el Estado significa un hueco al presupuesto que contemplaba con esos ingresos por lo menos para 20 años más.

Pero los días pasan y el plazo establecido se convierte en una traba porque de acuerdo a funcionarios del gobierno, la complejidad del proceso, especialmente considerando que nunca antes se ha realizado en Ecuador en un campo petrolero tan joven del que se extrae petróleo desde 2016, sería imposible de lograr.

Expertos técnicos consultados por Ecuavisa han mencionado que el impacto de estos años de extracción petrolera podrá remediarse en aproximadamente dos años.

Otro detalle importante es que las empresas que operan en el Yasuní, SINOPEC y CNPC, deben contar con un plan de abandono preparado. "En el momento en que ingresaron al bloque, debieron tener previsto no solo un plan de operación, sino también un plan para cubrir los costos de abandono. Es probable que la CC haya considerado esto al fijar el plazo", explica Alexandra Almeida, experta en petróleo y coordinadora del área de Petróleo de Acción Ecológica.

Además, los expertos en la materia han expuesto que para llevar a cabo el desmantelamiento, el Estado deberá contratar una empresa encargada de supervisar el plan de abandono implementado por las compañías chinas operando en el Yasuní. "Es esencial contar con una evaluación ambiental realizada por un tercero", menciona Ernesto Páez, experto en petróleo con más de una década de experiencia y exfuncionario de Petroecuador.

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Finalmente, ambos coinciden en que para cumplir a tiempo o no, depende sobre todo de la voluntad política, más allá de los aspectos técnicos. Algo que al menos este gobierno aparenta no tener, más allá de lo expuesto en un comunicado emitido hace un mes en el que se detalla que se respetará la decisión.

Fuera de esto, consultamos a Petroecuador para conocer si hay avances en torno a los plazos sobre el bloque 43, pero nos respondieron que por ahora no está en agenda este tema, y nos pidieron regirnos al comunicado oficial que salió desde Presidencia.

Sin embargo, tanto el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, como el presidente Guillermo Lasso, han mencionado que seguirá la explotación petrolera.

El ministro lo dijo durante una entrevista en Contacto Directo el jueves 24 de agosto, y al Primer Mandatario se lo escuchó decir, durante una reunión en el Palacio de Gobierno con líderes y delegados de las comunidades indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, que en los meses que le quedan no van a parar la extracción.

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De acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, el principal motivo pasa por lo económico, y no precisamente a lo que se dejará de percibir en un campo petrolero que reportó una producción de 52 626 barriles diarios durante los primeros seis meses de 2023, con ingresos que bordean los mil millones de dólares anuales en promedio, se trata del costo que implica parar la operaciones y desmantelar el bloque.

Según el Ministerio de Energía, para retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto en el ITT, el Estado tendrá que destinar más de USD 600 millones en los que se incluyen gastos de estudios, desmontaje, abandono del lugar y hasta la revegetación.

Ese monto no consta en los USD 5.700 millones de dólares contemplados para el funcionamiento administrativo, operativo e inversiones de la empresa pública durante el 2023, y ahí la primera traba que seguramente caerá en manos del próximo gobierno para el presupuesto 2024.

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Y sí, la segunda evidentemente pasa por las utilidades que la actividad petrolera en el Yasuní genera. Ecuador ha conseguido USD 6 733 millones hasta la fecha con ese campo petrolero, de los cuales, alrededor de 4 mil millones han sido precisamente las ganancias netas.

Adicionalmente, se ha mencionado que el cierre de la producción del ITT reducirá el 40% de bombeo de petróleo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Actualmente, el OCP bombea un promedio de 150 mil barriles de crudo pesado por día, de los cuales 58 mil corresponden a la producción del bloque 43 por medio de Petroecuador.

"Al dejar los aproximadamente 60 mil (barriles) del ITT, ellos tendrán para bombear de 60 a 70 mil barriles. Recordemos, ese ducto está diseñado para 450. Van a tener inconvenientes en el bombeo, van a tener inconvenientes en su sistema de transferencia", dijo Walter Paredes, gerente de activos del ITT.

Es decir, dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní también afectará al OCP, que en cinco meses será del Estado y que cobra USD 2,14 por el transporte de cada barril de crudo.

La tubería tiene 485 kilómetros desde la Terminal Amazonas, en Lago Agrio, hasta el punto de embarque en Balao, Esmeraldas. Una inversión que le costó al país 1.400 millones de dólares.

A esto se suma que ya se han generado protestas de comunidades indígenas de provincias amazónicas que piden se continúe con las operaciones de explotación de crudo en el Yasuní debido a que se quedarán sin fuentes de ingreso por la falta de plazas de trabajo.

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Fernando Muñoz-Miño, integrante de Yasunidos, dice que las declaraciones del ministro Santos y la del mismísimo presidente Lasso causan preocupación “y no solo a nosotros que fuimos parte, que fuimos promotores de la consulta, sino también, creo, que al 60% de los electores que votaron mayoritariamente por el sí”, precisó.

El activista menciona que se está abriendo en el Consejo de Participación Ciudadana un proceso para llamar a una veeduría ciudadana dentro de lo que le corresponde al poder de participación de las personas para que puedan acompañar en este proceso y dar seguimiento a que se cumpla.

Para Yasunidos, la decisión de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento, pero saben que es un desafío hacer algo que nunca ha pasado antes de la historia ecuatoriana, “no ha pasado tampoco en la región, pero eso no significa que sea un pretexto para no cumplir la voluntad popular. Entonces, hay que dar el seguimiento inmediatamente más allá de que sí entendemos que los tiempos son cortos”, dice Fernando Muñoz-Miño.

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Algo que deja claro es que los tiempos pueden reformarse, ya ha ocurrido. La CC antes de la consulta popular recibió una solicitud del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se aprovecharan las elecciones anticipadas y no realizar la consulta en el momento en que los tiempos en que la Constitución ordenaba, que era en julio, “sin embargo, el CNE comunicó esto a la CC y la Corte hizo una modulación para tomar en cuenta la fecha para que coincida el 20 de agosto”.

El problema del tiempo, cuando ya solo quedan 11 meses para que se cumpla el plazo, explica Fernando Muñoz-Miño, es que el dictamen de la Corte Constitucional no lo decidieron ellos, ni los jueces de la CC, “el año calendario se dio en función de la información que fue solicitada a Petroecuador y al Ministerio correspondiente, y que en su momento no dijeron ellos esto no va a ser posible”

Ahora, está en manos del gobierno, este o el siguiente, solicitar una modulación de los tiempos que, como ya lo explicamos, en el dictamen de la Corte Constitucional se estableció que una vez proclamados los resultados, el gobierno tiene hasta un año de plazo para cumplir con el mandato popular. Los resultados de la consulta del Yasuní fueron proclamados el 31 de agosto.