Consulta popular 2024: ¿qué preguntas faltan en la propuesta de Noboa?

Llamar a una consulta popular fue una de las propuestas de campaña de Daniel Noboa, quien aseguró que los ejes iban a plantearse alrededor de los problemas de seguridad, reformas judiciales y la generación de empleo.

Pero llegado el día, justamente el pasado miércoles 3 de enero de 2024, los ecuatoriano pudieron conocer las 11 preguntas que el Primer Mandatario envió el 2 de enero a la Corte Constitucional (CC) para su revisión.

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Ahora la CC tiene 20 días para emitir un pronunciamiento, por ello, los magistrados ya sortearon para escoger a un juez que elaborará el dictamen que será puesto a consideración de los demás miembros.

La jueza escogida es Teresa Nuques, quien se convirtió en la ponente de las preguntas de la consulta popular, y tendrá la intervención principal en el procedimiento. Ella propondrá la resolución definitiva, que los nueve jueces pueden aprobar, rechazar o modificar, por mayoría.

Si el dictamen es favorable, el Gobierno debe notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene siete días para convocar a elecciones y hasta 60 días para realizarla. Es decir, si no hay novedades, la consulta llegaría a concretarse a finales de marzo.

Pero los tiempos podrían cambiar, porque este 4 de enero el presidente afirmó que además de las 11 preguntas propuestas para la consulta popular, tiene previsto agregar otras, "vamos a enviar adicionales", señaló en una entrevista con Radio Sucre.

Durante esa misma intervención mencionó que su Gobierno está dispuesto a dialogar con diferentes actores, "nosotros estamos abiertos a dialogar. Hoy tendré reunión con una de las bancadas, inclusive, a dialogar a añadir preguntas de otros lados".

Más tarde, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio a conocer que se enviarán cinco preguntas más, pero tampoco reveló su contenido.

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En medio de esto, desde los distintos frente políticos no existe apoyo a la consulta popular que ha sido calificada como innecesaria por algunos frentes sociales, y tampoco tiene el respaldo de los aliados legislativos del Gobierno. El presidente respondió criticando a quienes no lo apoyan.

Noboa empezó tildando de 'Destruye' al movimiento Construye, quienes el miércoles, junto al Partido Social Cristiano, cuestionaron las 11 preguntas de consulta popular que están en manos de la Corte Constitucional.

La organización, que participó en las últimas elecciones presidenciales con Fernando Villavicencio, había calificado como inútil el referéndum, pues consideran que la mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otras que deben realizarse en la Asamblea Nacional.

El presidente reaccionó argumentando que este movimiento debía ser eliminado por el Consejo Nacional Electoral, cuestión que pudo haber ocurrido en 2021, cuando aún tenía el nombre de Ruptura 25.

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De su parte, el Partido Social Cristiano describe que "fortalecer la seguridad es vital", pero reseña que también es urgente reformar la Constitución en otras materias que en las preguntas de la consulta no se consideran.

A su criterio, manifiestan que la mayoría de las preguntas son importantes, pero que algunas de ellas son del ámbito legal, no constitucional, y que están en trámite en la Asamblea Nacional.

En referencia a la reapertura de casinos y salas de juegos, el PSC lo conceptúa inconveniente. En el mismo comunicado, anunciaron que presentarán en los próximos días un proyecto de reforma constitucional.

el constitucionalista André Benavides es muy critico con lo propuesto por Daniel Noboa y afirma que lastimosamente esta consulta popular no resuelve los problemas de inseguridad, corrupción, crisis institucional y económica que tiene el país.

Además, añade que varias de las propuestas que se plantean ya existen actualmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y otras requieren simplemente de voluntad política para presentar un proyecto de ley que puede ser tramitado en la Asamblea Nacional.

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"Si uno mira de manera, objetiva y técnica, varias de las propuestas ya existen en nuestro ordenamiento jurídico", dice Benavides, quien cita el ejemplo del control de armas, "esa ya es una competencia que tienen las Fuerzas Armadas y que pueden hacerlo dentro de los centros de rehabilitación social".

También, explica que lo que tiene que ver con el control de Fuerzas Armadas en las zonas calientes, donde está el crimen organizado, ya están esas competencia en la Ley de Seguridad Pública del Estado.

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Ante lo que no consta en las propuestas enviadas a la Corte Constitucional, André Benavides cree que faltó blindar a la Corte Nacional de Justicia de los tentáculos de los politiqueros y del narcotráfico.

Otra de las ideas que no se incluyeron fue mejorar el sistema de partidos políticos y el sistema electoral donde actualmente existen más de 280 organizaciones políticas que, según él, "sirven como empresas electorales y se utilizan por parte de aventureros que quieren llegar a cargos públicos", sentencia el experto.

La extradición de los delincuentes es algo que no se está preguntando y que le parece clave. Recordemos que esta pregunta la incluyó Guillermo Lasso en la consulta popular de febrero de 2023, pero el pueblo votó no ante el pedido del Ejecutivo.

¿Qué también hubiéramos preguntado? Se plantea Benavides, "temas relativos a la inversión extranjera que permitan la contratación de ecuatorianos, reformas al Código de Trabajo para que se actualicen con las nuevas modalidades con la realidad tecnológica que está viviendo en el Ecuador", exclamó.

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Los ecuatorianos deberán votar sí o no en las siguientes 11 preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1?

2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?

4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?

5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?

7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?

8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8?

9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?

10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?

11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?

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