Consulta popular 2024: la pregunta 10 plantea que recortando los procesos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros se mejorará la seguridad

La pregunta 10 de la consulta popular de Daniel Noboa busca mejorar la seguridad en Ecuador. Esta dice:

¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?

En la fundamentación de la pregunta se explica que hay migrantes o extranjeros que siendo "potencialmente peligrosos" o "que han sido identificadas como una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado" terminan ingresando y quedándose en el país debido a problemas administrativos en los procesos de inadmisión, deportación y expulsión.

"Esta situación, lejos de mitigar los riesgos, abre las puertas a un escenario de mayor inseguridad y delincuencia, ya que personas potencialmente peligrosas tienen acceso al territorio nacional sin mayores restricciones", señala el documento.

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Por ello, se propone que al votar por el Sí se dará paso a reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para abreviar los pasos y procedimientos que permitan concretar la inadmisión, deportación y expulsión de un extranjero.

A criterio del periodista y experto en movilidad humana, Jefferson Díaz, esta es una pregunta innecesaria porque "ya hay mecanismos de deportaciones establecidos y los motivos se ampliaron".

"Básicamente, es una pregunta que criminaliza la migración si se lee los anexos porque une la seguridad del Estado con el tema de los migrantes. La pregunta solo es un elemento populista del gobierno de Noboa", resaltó.

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La inadmisión se refiere al rechazo de ingreso de la Autoridad de Control Migratorio a un extranjero en un puerto, aeropuerto o vía terrestre por alguna causal fundamentada.

El problema, explica el documento, es que el trámite de esa inadmisión puede llevar audiencias u otros requisitos que dilatan el proceso, por lo que al final quien no debía ingresar a Ecuador lo termina haciendo.

"La capacidad para ejecutar procedimientos más efectivos de inadmisión contribuye a un entorno propicio para la proliferación de situaciones de violencia y riesgos para la seguridad", se indica.

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La deportación se ejecuta cuando hay causales como ingresos no autorizados, determinada persona es una amenaza para la seguridad pública o tiene una condena penal ejecutoriada.

Sin embargo, se asegura que la deportación tiene limitaciones como asegurar la presencia de la persona extranjera. Y se pone de ejemplo que en 2022 de 31 resoluciones de deportación, solo 3 se concretaron.

"La falta de ejecución de los procesos de deportación se ha identificado como un problema crítico y, tras un análisis exhaustivo, se ha encontrado que parte de la problemática radica en los procedimientos y requisitos para llevar a cabo dicho proceso...".

Otro de los problemas es que faltan zonas de tránsito migratorio para la deportación, se señala.

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El proceso de expulsión "se aborda como un procedimiento judicial, en el cual una persona extranjera es expulsada del territorio ecuatoriano por resolución judicial, después de cumplir una pena privativa de libertad de cinco años...".

De nuevo, se esgrime que estos procesos tienen un represamiento de causas y lento avance judicial. Y que dada la población extranjera privada de la libertad, es crucial que el Estado implemente medidas para expulsar de manera más eficiente "a quienes representen un riesgo o una amenaza para la soberanía del país".