La extradición de ecuatorianos, una "trampa" en la consulta popular, según Pamela Aguirre

Para la asambleísta de UNES, Pamela Aguirre, la consulta popular es una "trampa" del Gobierno de Guillermo Lasso, que con preguntas como la de la extradición de ecuatorianos intenta "prolongar en sus funciones a autoridades de control".

"Usan como pregunta gancho el tema de la extradición para trata de convencer a la ciudadanía", sostuvo la legisladora este martes 10 de enero, en un debate en Contacto Directo.

La parlamentaria discutió con Karen Sichel, quien es asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Ella, en contraparte, insistió en que no existe trampa alguna en la consulta popular y que, con la aprobación de la pregunta sobre la extradición, el Estado ecuatoriano tendría "una herramienta poderosa" para la lucha contra el crimen organizado transnacional y la impunidad.

"Esta pregunta nos permitirá expulsar a personas que están involucradas en delitos graves, por ejemplo: el tráfico de drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de mujeres y niños", aseguró.

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La asambleísta Aguirre descartó que su agrupación política, cuyo líder es el expresidente de la República, Rafael Correa, tema que esta pregunta los afecte y se inicien procesos de extradición en contra de alguno de sus compañeros.

"La extradición no es una medida eficaz", aseveró la parlamentaria.

Sichel, de su lado, admitió que el complejo problema del crimen organizado en el país no se soluciona solo con la extradición, sin embargo, sería un instrumento más a disposición de la Justicia.

"La solicitud de extradición tiene que ser hecha por otro país", aclaró.

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?

Aguirre reiteró que se opondrá a toda la consulta popular, por lo tanto, enfatizó su negativa también a la pregunta número dos, que trata sobre brindarle autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según Aguirre, esta pregunta beneficiaría a la actual titular de la FGE, Diana Salazar, quien también "se prolongaría" en sus funciones.

En ese sentido, invitó al Gobierno y a los legisladores de la bancada oficialista a apoyar un eventual juicio político de Salazar por supuesto incumplimiento de funciones.

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La asesora jurídica de la Presidencia le contestó asegurando que esta pregunta no beneficia a la fiscal general y que ella estará en ese cargo hasta el 2025, porque la ley señala que su período dura seis años.

"No entiendo cuál es la razón de oponerse a que la Fiscalía sea autónoma", enfatizó Sichel.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?